Docentes, estudiantes, gremios y organizaciones se movilizan en la quinta Marcha Federal Universitaria. Reclaman el cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso y denuncian una deuda salarial del 32%. Un informe sostiene que el Presupuesto 2027 permitiría financiar la norma sin alterar el equilibrio fiscal.
La quinta Marcha Federal Universitaria reúne este jueves a docentes, estudiantes, gremios y organizaciones sociales y políticas para reclamar al Gobierno de Javier Milei la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización se desarrolla en medio de un conflicto judicial por la ejecución de la norma y de nuevas advertencias sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.
Los manifestantes comenzaron a concentrarse durante el mediodía en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, mientras se desplegaba un operativo de seguridad con vallados en distintos puntos del centro porteño.
Las primeras columnas comenzaron a movilizarse desde las 12.30 y los organizadores convocaron a un acto central frente al Congreso a las 16, donde está prevista la lectura de un documento conjunto. También se anunciaron manifestaciones en distintas ciudades del país.
Uno de los principales reclamos está relacionado con la recomposición salarial. Según denunciaron representantes de los sectores convocantes, el Gobierno acumula una deuda salarial del 32% con los docentes universitarios.
La protesta coincide, además, con una jornada de actividad parlamentaria en la que distintos bloques de la Cámara de Diputados buscan reunir quórum para tratar el rechazo al DNU 70/2023 y proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.
La quinta Marcha Federal Universitaria vuelve a reclamar fondos para las universidades
La movilización tiene como eje la exigencia de que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La norma está vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso reunió las mayorías necesarias para insistir con su aprobación después del veto presidencial.
Sin embargo, el Gobierno condicionó su implementación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que la ley no identificaba los recursos necesarios para afrontar las obligaciones de gasto.
Desde entonces, el conflicto se trasladó también al ámbito judicial, mientras las universidades y los sindicatos continuaron reclamando fondos para salarios, becas y funcionamiento.
Los organizadores de la marcha sostienen que la falta de aplicación de la ley profundiza las dificultades presupuestarias del sistema universitario y afecta especialmente los ingresos de docentes y trabajadores.
En ese marco, denunciaron una deuda salarial del 32%, una cifra planteada por los convocantes como parte de sus reclamos al Gobierno nacional.
El operativo de seguridad y los cortes en el centro porteño
La movilización está acompañada por un operativo de seguridad organizado por las autoridades nacionales y porteñas.
Desde el comienzo de la concentración se instalaron vallados en las inmediaciones del Congreso, especialmente en sectores de Riobamba, Callao, Combate de los Pozos, Entre Ríos, Solís, Virrey Ceballos y Adolfo Alsina.
El despliegue también contempla medidas de seguridad en los alrededores de Plaza de Mayo, otro de los puntos de concentración de las organizaciones participantes.
La protesta se desarrolla en simultáneo con el intento de distintos bloques opositores de reunir el quórum necesario para sesionar en la Cámara de Diputados.
Entre los temas que buscan incorporar al debate parlamentario se encuentran el rechazo al DNU 70/2023 y distintas iniciativas relacionadas con discapacidad y endeudamiento de las familias.
La convocatoria universitaria se suma así a una jornada de reclamos y actividad política en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Un informe sostiene que el Presupuesto 2027 permitiría cumplir la ley
En paralelo a la movilización, un informe de Zentrix Consultora planteó que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno nacional contiene recursos suficientes para implementar la Ley de Financiamiento Universitario sin modificar el resultado fiscal previsto.
Según el análisis, el cumplimiento de la Ley 27.795 demandaría entre $2 billones y $3,65 billones durante 2027.
La consultora señaló que el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin asignación específica dentro de la partida Obligaciones a cargo del Tesoro.
A partir de esa comparación, el informe sostiene que sería posible destinar una parte de esos recursos a las universidades sin incrementar el gasto total previsto por el Ejecutivo.
La interpretación se basa en que los fondos mencionados ya están incluidos en el presupuesto proyectado. Por lo tanto, una reasignación dentro de ese monto no modificaría, por sí misma, el resultado fiscal contemplado en el proyecto.
Se trata, sin embargo, de una evaluación técnica de la consultora, no de una decisión presupuestaria adoptada por el Gobierno.
El análisis introduce un nuevo elemento en la controversia sobre la disponibilidad de fondos para financiar la educación superior, uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo para justificar la falta de implementación de la norma.
La Justicia mantiene vigente la cautelar pese a la apelación del Gobierno
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario también atraviesa una nueva instancia judicial.
Después de que el Congreso insistiera con la norma en 2025, el Poder Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes.
Posteriormente, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó cumplir las disposiciones vinculadas con salarios y becas, cuya continuidad quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema en junio.
El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick avanzó con una sentencia que declaró inconstitucional la disposición cuestionada del Decreto 759/2025 y ordenó ejecutar de inmediato la ley.
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, apeló esa resolución y pidió que fuera revocada.
El magistrado concedió el recurso con efecto suspensivo, por lo que la sentencia de primera instancia será revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
No obstante, aclaró expresamente que la medida cautelar anterior continúa vigente y que debe seguir adelante su trámite de ejecución.
Por lo tanto, la apelación no dejó sin efecto las obligaciones judiciales establecidas por esa medida provisoria.
El financiamiento universitario sigue en el centro del conflicto
La nueva Marcha Federal Universitaria se produce mientras permanecen abiertas dos discusiones vinculadas con la aplicación de la ley.
Por un lado, la controversia judicial sobre la validez del decreto que condicionó su ejecución. Por otro, el debate presupuestario acerca de los recursos disponibles para financiar las obligaciones previstas por el Congreso.
El Gobierno sostiene que la implementación de la norma debe respetar las reglas de administración financiera y contar con partidas y fuentes de recursos identificadas.
En cambio, los sectores universitarios reclaman su aplicación y el informe de Zentrix Consultora plantea que el proyecto de Presupuesto 2027 permitiría atender esas obligaciones mediante una reasignación de fondos ya contemplados.
Con ese escenario, docentes, estudiantes y organizaciones vuelven a movilizarse para exigir una respuesta del Ejecutivo, mientras la Justicia debe resolver la apelación oficial y el Congreso tiene pendiente la discusión del presupuesto del próximo año.
