A tres años de la prohibición total de las salmoneras, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la Ley de Acuicultura Sostenible, que reforma la Ley provincial 1355 y flexibiliza las restricciones a la salmonicultura en la provincia. La iniciativa implicó un giro en el enfoque productivo del distrito, luego de la fuerte limitación impuesta en 2021 tras una intensa campaña ambientalista.
La norma fue sancionada por la mínima diferencia —ocho votos a favor y siete en contra— y abrió un escenario de tensión política y legal. Pese a contar con el aval del gobernador Gustavo Melella, desde la oposición anticiparon una posible judicialización. El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, calificó la ley de “inconstitucional” y advirtió que podría ser revisada por la Justicia.
Entre los puntos centrales, la ley mantiene la prohibición absoluta de la salmonicultura en el Canal Beagle y en otros entornos sensibles como la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano. Sin embargo, habilita permisos para desarrollar la actividad en otros cuerpos de agua de la provincia, bajo criterios de uso consultivo y parámetros de sustentabilidad establecidos en la legislación hídrica vigente.
Tras la votación, Melella celebró la sanción al considerar que se trata de “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. Aseguró que la reforma permitirá ampliar la matriz productiva, generar empleo y atraer inversión privada, al tiempo que —según sostuvo— fortalece los controles ambientales, promueve la investigación científica y fomenta el consumo local.
El debate tomó mayor impulso en los últimos meses a partir de una iniciativa del senador nacional de La Libertad Avanza Agustín Coto, quien ya había impulsado cuando era legislador provincial la derogación de la prohibición vigente desde 2021. Aquella norma, aprobada por unanimidad, había vetado la cría de salmones y truchas en aguas lacustres y marítimas bajo jurisdicción fueguina.
Desde el oficialismo y los bloques que acompañaron la ley, destacaron que el nuevo marco reemplaza la prohibición total por un esquema regulado, con evaluaciones ambientales estratégicas y la posibilidad de utilizar tecnologías como los sistemas de recirculación de agua. El objetivo declarado es potenciar el desarrollo del norte de la provincia sin afectar las áreas clave para el turismo, una de las principales fuentes de empleo e ingresos locales.
Las críticas, en cambio, apuntaron al riesgo ambiental y al procedimiento legislativo. Villegas denunció que el dictamen estuvo “viciado de ilegalidad” y sostuvo que se utilizó políticamente el respaldo social que tuvo la ley de 2021. En la misma línea, la legisladora Laura Colazo, del Partido Verde, advirtió que es “falso” presentar a la costa atlántica fueguina como un espacio sin valor ambiental y subrayó que el impacto de la actividad no reconoce límites administrativos.
La controversia también expuso diferencias internas en el peronismo y sus aliados, y se inscribe en un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo y la explotación de recursos naturales. En ese marco, la reforma crea el Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego y obliga al Ejecutivo provincial a definir zonas habilitadas, reglas de uso del agua y cupos de producción destinados al consumo local, además de exigir estudios de impacto ambiental previos para cada proyecto.
Con la ley ya sancionada, el futuro de la salmonicultura en Tierra del Fuego queda ahora atado tanto a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo como a las eventuales presentaciones judiciales que prometen extender la discusión más allá del recinto legislativo.
