La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de USD 16.100 millones por la expropiación de YPF, en un fallo que representa un alivio inmediato para las finanzas públicas.
La decisión también ratificó que la empresa no tenía responsabilidad en el proceso de estatización llevado adelante en 2012, lo que refuerza la posición jurídica del país en uno de los litigios más relevantes de las últimas décadas.
Un giro tras el fallo de 2023
El caso había alcanzado su punto más crítico cuando la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, condenó al Estado argentino a pagar una indemnización millonaria a los fondos Eton Park Capital Management y Burford Capital.
La magistrada entendió que el país había incumplido el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) tras la expropiación.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió ese criterio en un fallo dividido (2 a 1), al considerar que los reclamos no eran válidos bajo el derecho argentino.
La clave: la jurisdicción y la ley aplicable
Durante la apelación, la defensa argentina —sostenida por distintas gestiones, desde Mauricio Macri y Alberto Fernández hasta la actual de Javier Milei— centró su estrategia en cuestionar la jurisdicción del caso.
El argumento principal fue que el conflicto debía resolverse en tribunales argentinos, ya que involucraba normas locales vinculadas a la expropiación y al derecho societario.
Además, se señalaron errores en la interpretación de la legislación argentina por parte de la jueza Preska, un punto que resultó determinante para la revisión del fallo.
Un impacto económico que se desvanece
La anulación de la sentencia dejó sin efecto no solo la indemnización principal —que con intereses superaba los USD 18.000 millones— sino también una orden posterior que obligaba a entregar acciones de YPF como forma de pago.
En paralelo, el Estado había planteado un escenario alternativo que reducía el monto a unos USD 4.920 millones, pero esa instancia quedó abstracta tras la decisión del tribunal.
El origen del conflicto
El litigio se remonta a la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado tomó el control de la compañía que estaba en manos de la española Repsol.
Los fondos demandantes —entre ellos Petersen Energía— reclamaron compensaciones al considerar que no se respetaron los mecanismos previstos para proteger a los accionistas minoritarios.
Un cierre cada vez más probable
Aunque los demandantes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, especialistas consideran que es poco probable que el caso sea tomado.
De confirmarse esta tendencia, el fallo del Segundo Circuito podría cerrar definitivamente el juicio más costoso que enfrentó la Argentina en los últimos años.
La reacción del Gobierno
El presidente Javier Milei celebró la decisión con un mensaje en redes sociales: “Ganamos en el juicio”.
La publicación estuvo acompañada por una imagen junto a la secretaria general Karina Milei, la ministra Sandra Pettovello, el CEO de YPF Horacio Marín y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El fallo llega en un contexto político sensible, pero refuerza la posición del Ejecutivo en un frente clave tanto económico como institucional.
