Las definiciones sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil vuelven a tensar al oficialismo en la antesala de su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Las declaraciones de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reabrieron la discusión interna al plantear que la baja de la edad de imputabilidad “debería establecerse en 13 o 14 años, e incluso ser menor”, una postura que no concita consenso pleno dentro del Gobierno.
Mientras un sector libertario evalúa que fijar el umbral en 14 años permitiría sumar voluntades y acercarse a los votos necesarios para sancionar la ley, otro empuja para retomar la redacción original del proyecto y llevar la imputabilidad a los 13. El dilema atraviesa al oficialismo y condiciona la negociación con aliados clave en la Cámara de Diputados.
Antecedentes y un acuerdo que quedó trunco
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024 y atravesó meses de debate en comisiones. Recién en mayo de 2025, un plenario de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; y Justicia logró un dictamen de mayoría con firmas de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre (estos últimos con disidencias).
Ese consenso se construyó sobre dos concesiones centrales: elevar la edad mínima a 14 años y reducir la pena máxima de 20 a 15 años para delitos graves. El texto quedó listo para el recinto, pero el recambio legislativo hizo caer el dictamen y obligó a reiniciar el trámite.
Ciencia, infraestructura y votos
Desde el PRO sostienen que la línea de los 14 años responde a “prudencia científica y realidad operativa”. Argumentan que no existe consenso médico ni psicológico sobre la plena comprensión de la criminalidad a los 12 o 13 años y citan la Convención sobre los Derechos del Niño y estudios en neurociencias que señalan que el pensamiento abstracto aún está en desarrollo a esa edad.
También advierten sobre la capacidad del Estado para alojar a los menores: bajar a 13 duplicaría de inmediato la población bajo custodia. En ese punto, recuerdan alertas previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre déficits de infraestructura, lo que podría tornar inaplicable la ley.
En paralelo, el bloque amarillo ve la discusión como una oportunidad para inaugurar una etapa de “aliados con condiciones”, tras las tensiones internas que dejó la salida de diputados hacia el oficialismo.
La advertencia de los dialoguistas
Desde la UCR coinciden en que “no debería volver a foja cero” y alertan sobre el riesgo de perder apoyos ya asegurados. “Por querer jugar a fondo pueden perder el número que prácticamente ya tienen para los 14 años. El radicalismo quiere que la ley salga y no desaprovechar consensos que costaron mucho”, sostienen.
La advertencia no es menor: sin los votos del interbloque dialoguista, al oficialismo se le complica alcanzar el quórum de 129 para abrir el debate. Con el calendario de extraordinarias en marcha, la definición sobre la edad de imputabilidad aparece como la llave que puede destrabar —o empantanar— uno de los proyectos más sensibles de la agenda legislativa.
