Tras una jornada marcada por intensas negociaciones reservadas, modificaciones de último momento y una fuerte movilización en las afueras del Congreso, el oficialismo consiguió aprobar en el Senado la reforma laboral con 42 votos afirmativos y consolidó su estrategia de acuerdos privados luego de un debate público que había quedado trunco en diciembre de 2025.
La sesión estuvo atravesada además por el duelo por la muerte de la exlegisladora Sandra Mendoza y por la presencia en los palcos de Karina Milei, Diego Santilli, Manuel Adorni y Martín y Eduardo Menem, quienes siguieron de cerca la votación.
A los 21 votos de La Libertad Avanza se sumaron los del radicalismo (10), el PRO (3), Provincias Unidas (2), Independencia (1) y cinco respaldos provenientes de los oficialismos de Chubut, Misiones, Neuquén y Salta. En contra se pronunciaron los bloques que integran Popular (Unión por la Patria, Convicción Federal y el Frente Cívico santiagueño) junto a Por Santa Cruz, que reunieron 30 votos negativos.
Cambios clave para garantizar apoyos
El Gobierno introdujo modificaciones hasta la medianoche para asegurar la mayoría. Entre los cambios anunciados se incluyó la preservación de las escalas del Impuesto a las Ganancias, un punto que —según admitieron desde el oficialismo— resultaba indispensable para conseguir apoyos externos.
También se incorporó un nuevo esquema de remuneraciones en caso de enfermedad o accidente laboral: el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante tres o seis meses, según la causa y si tiene personas a cargo. Además, se habilita la convocatoria a una Junta Médica cuando exista discrepancia entre la certificación del empleado y la del empleador.
La modificación de último momento que generó mayor impacto político fue la vinculada a las contribuciones sindicales. Si bien se fijó un tope del 0,5% para empresas o cámaras y del 2% para sindicatos en concepto de “contribuciones especiales”, se eliminó el vencimiento que establecía que, desde el 1° de enero de 2028, los aportes pasarían a ser voluntarios. De esta manera, se mantendría su carácter automático. El PRO intentó revertir este punto para que cada trabajador pudiera elegir aportar, pero el planteo fue rechazado.
También se ratificó la exclusión de las billeteras virtuales como medio para el pago de salarios, pese a la insistencia del PRO. Desde el oficialismo argumentaron que primero el Banco Central debe reglamentar el respaldo operativo de estas plataformas antes de permitir que administren la totalidad de los sueldos.
El texto incorpora además un anexo para transferir progresivamente a la órbita porteña las competencias de la Justicia laboral y suma el artículo 212 bis, que establece que la ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, salvo disposición en contrario.
Confianza oficialista y agenda próxima
En el oficialismo descuentan que, aun si Diputados introduce modificaciones, el Senado volvería a aprobar el proyecto sin mayores dificultades. “Que cambien lo que quieran, nosotros lo sacamos en un ratito”, deslizó una senadora libertaria al finalizar la sesión.
Incluso ya se proyecta una próxima sesión para el 26 de febrero, con una agenda que incluiría el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares.
Reforma laboral: los puntos centrales
El proyecto aprobado incluye transformaciones estructurales en el régimen laboral argentino:
- Banco de horas: reemplaza el pago de horas extras por un sistema de compensación de jornadas extensas con días de franco o jornadas más breves, respetando descansos mínimos de 12 horas entre turnos y 35 horas semanales.
- Indemnizaciones: se actualizan por inflación con un adicional anual del 3% y se excluyen conceptos como aguinaldo y vacaciones del cálculo indemnizatorio.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se crea un fondo con aportes del 3% del salario del trabajador. Las grandes empresas aportarán 1% (ampliable a 1,5%) y las PyMES 2,5% (hasta 3%). El empleador cubrirá la diferencia si el fondo no alcanza.
- Salarios: se habilitan pagos por mérito y productividad y se permite abonar remuneraciones en pesos, moneda extranjera o en especie.
- Vacaciones: podrán fraccionarse en períodos mínimos de siete días. Cada tres años, el trabajador deberá gozar vacaciones en verano.
- Servicios esenciales: se amplía la lista e incluye telecomunicaciones, hospitales, recolección de residuos, aeronáutica comercial, control portuario, servicios aduaneros y migratorios y educación (excepto universitaria), que deberán garantizar al menos el 75% de funcionamiento en caso de conflicto.
- Blanqueo laboral: se establecen incentivos impositivos por cuatro años para empleadores que contraten desempleados o monotributistas y una ventana de seis meses para regularizar trabajadores no registrados.
- Fin de la ultraactividad: los convenios colectivos dejarán de regir automáticamente una vez vencidos si no se negocia uno nuevo.
- Financiamiento del INCAA: desde 2028 dependerá exclusivamente del Presupuesto nacional, eliminando fuentes automáticas como el porcentaje sobre entradas de cine.
- Trabajadores de plataformas: se regulan condiciones mínimas, incluyendo la obligatoriedad de un seguro de salud, cuyo financiamiento quedará sujeto a acuerdo entre partes.
- Asambleas: deberán contar con autorización previa y no podrán afectar el normal desarrollo de la empresa; el tiempo destinado no será remunerado.
Con este resultado, el oficialismo logra avanzar con una de las reformas estructurales más relevantes de su programa y exhibe una mayoría parlamentaria que, al menos por ahora, le permite sostener su hoja de ruta en el Senado.
