El Gobierno nacional definió no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, y presentó una serie de propuestas alternativas para sostener el objetivo de déficit cero, una de las condiciones innegociables del presidente Javier Milei. La decisión se tomó un día después de ratificar la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin desequilibrios fiscales.
“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, resumió un alto funcionario. Aunque la mesa chica que rodea al Presidente había evaluado insistir con las derogaciones, finalmente desistió y los equipos técnicos del Ministerio de Economía elaboraron una contrapropuesta vinculada a la llamada “Ley de Leyes”, que este mediodía obtuvo dictamen en el Senado de la Nación.
En el caso de la emergencia en discapacidad, que será respetada, la iniciativa oficial propone que la pensión no contributiva se ubique en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al régimen previsional vigente. Además, se prevé que sea compatible con un vínculo laboral siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre ascienden a $334.800.
El Gobierno también busca mantener la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará según los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este esquema, la autoridad de aplicación definirá un procedimiento para reconocer la prestación a cada prestador alcanzado.
De acuerdo con lo previsto, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) establecerán de manera trimestral el mecanismo de ajuste, en forma conjunta y a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Si no hubiera acuerdo, la actualización se realizará tomando como referencia el IPC.
Otro de los cambios apunta a acelerar y profundizar las auditorías de las pensiones, con el objetivo de agilizar la baja de aquellas que presenten irregularidades. En paralelo, el Ejecutivo propondrá eliminar la creación de una nueva Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantener el régimen vigente, bajo el argumento de que los requisitos previstos ampliaban “de manera desproporcional” el universo de beneficiarios.
Respecto de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, el Gobierno tampoco avanzará con su derogación. En su lugar, propondrá incrementar en un 20% el presupuesto destinado a gastos de funcionamiento en relación con los créditos asignados en 2025. En materia salarial, la actualización sería escalonada: un aumento del 5% desde el 1° de diciembre de 2025 y luego cuatro incrementos del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026.
Además, el Ejecutivo evalúa que junio sea el mes de referencia para compensar eventuales desfasajes por inflación y avanzar en el reconocimiento del aumento de becas previsto por la normativa vigente.
Con las derogaciones descartadas, la administración libertaria insistirá en incorporar los artículos restantes del capítulo XI del proyecto de Presupuesto. Entre ellos, se contempla sumar los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación realice las adecuaciones presupuestarias necesarias y cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La definición se conoció luego del encuentro entre el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda.
En Balcarce 50 confían en que el Presupuesto 2026 pueda ser aprobado en diciembre. Para eso, el Gobierno decidió flexibilizar el capítulo XI y abrir una nueva etapa de negociación con gobernadores y bloques aliados que habían manifestado resistencias durante el debate en la Cámara de Diputados.
