La jueza estadounidense Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno argentino para frenar la ejecución de la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF en el juicio por su expropiación en 2012. La decisión refuerza la posición de los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital, que reclaman una compensación de 16.099 millones de dólares por las supuestas irregularidades del proceso.
Aunque el Estado argentino apeló formalmente el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, el revés de Preska intensifica el riesgo de embargos inmediatos y acelera un conflicto judicial que podría llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos en los próximos meses. La próxima instancia clave será el 15 de julio en Nueva York, donde se celebrará una audiencia sobre el cumplimiento de la sentencia y la posible responsabilidad de otras entidades estatales.
Entre los argumentos del Gobierno se destacó que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y que existe jurisprudencia federal que impide la ejecución forzosa de acciones estatales sin el consentimiento del país demandado. También se subrayó el respaldo informal que la administración de Joe Biden habría manifestado en favor de Argentina y los riesgos de establecer un precedente internacional.
La estrategia legal del Gobierno, a cargo del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, apunta a agotar todas las instancias judiciales. Según fuentes cercanas al caso, la apelación se presentó antes de lo previsto con el objetivo de anticipar una eventual orden de embargo sobre cuentas u otros activos en Estados Unidos.
El caso, originado por la expropiación de YPF durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue resuelto en contra del Estado por Preska tras ocho años de litigio. Aunque YPF como empresa no forma parte del proceso judicial, su capital accionario quedó en el centro de la disputa. Desde la petrolera, su presidente Horacio Marín evitó hacer declaraciones de fondo, recordando que la compañía fue desvinculada formalmente del juicio.
Entre los cuestionamientos presentados por el Gobierno argentino también se señala que cualquier entrega de acciones requeriría una ley aprobada por dos tercios del Congreso de la Nación, de acuerdo a lo establecido por la ley de expropiación sancionada en 2012.
El caso YPF se convirtió en uno de los principales focos de tensión judicial y diplomática de la actual administración. Desde la Casa Rosada insisten en que no habrá negociaciones con los demandantes y que se defenderán los intereses del país “hasta las últimas consecuencias”. La apelación ante la Corte Suprema podría demorar hasta dos años, pero mientras tanto los embargos sobre activos estratégicos siguen latentes.
