El Gobierno nacional oficializó este martes la actualización salarial para los altos cargos del Poder Ejecutivo, una medida que excluye expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial, y pone fin a un congelamiento que regía desde diciembre de 2023.
La norma establece que los incrementos alcanzarán a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente, aunque sin precisar el porcentaje exacto de la suba. Según el texto oficial, el ajuste surge de trasladar a esos cargos el porcentaje acumulado de los aumentos salariales acordados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, negociados entre enero de 2024 y julio de 2025.
En contraste, el decreto aclara de manera taxativa que los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Nación quedan excluidos del esquema, y que los incrementos no tendrán efecto retroactivo.
Reforma del empleo público y nuevo esquema de evaluación
Además de la actualización salarial, el decreto instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública a implementar un nuevo sistema de empleo público en el Sector Público Nacional. El objetivo, según se detalla, es avanzar hacia mecanismos de ingreso por mérito, evaluaciones periódicas de desempeño, movilidad basada en competencias y esquemas de remuneración vinculados a responsabilidades y funciones.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta reforma apunta a fortalecer la transparencia, la igualdad de oportunidades y la profesionalización del Estado, en línea con el discurso de reducción del gasto y reordenamiento administrativo que impulsa la gestión libertaria.
Superávit fiscal como condición y cláusula de congelamiento automático
En los considerandos, el Gobierno justificó la decisión en dos ejes centrales: la extensión temporal del congelamiento salarial y el saneamiento de las cuentas públicas. “Se han logrado acumular 22 meses de superávit fiscal”, señalaron las autoridades, al tiempo que destacaron una estabilización del escenario de emergencia económica, financiera y social hacia finales de 2025.
No obstante, el decreto incorpora una cláusula clave: si el Ministerio de Economía constata públicamente la existencia de un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios volverán a quedar automáticamente congelados, sin necesidad de un nuevo acto administrativo. La suspensión de futuros aumentos se mantendría vigente hasta que se restablezca el superávit.
Invitación a replicar el esquema en otros poderes y jurisdicciones
La normativa también invita al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar esquemas similares de congelamiento salarial para sus autoridades en contextos de déficit fiscal dentro de sus respectivas jurisdicciones.
En paralelo, el decreto deroga el artículo 4° del Decreto 235/2024, que había establecido el congelamiento de las retribuciones de los altos funcionarios según los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023, una medida adoptada en pleno pico inflacionario tras el cambio de gobierno.
El mensaje político del Ejecutivo
Desde el oficialismo remarcaron que la exclusión del Presidente y la Vicepresidenta responde a una señal política: “La sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico y los políticos tienen que ser los primeros en dar el ejemplo”, sostuvieron, al recordar que la inflación interanual heredada a fines de 2023 había alcanzado el 211,4%.
Con esta decisión, la Casa Rosada busca equilibrar las demandas internas de recomposición salarial con la narrativa de austeridad fiscal que el Gobierno de Milei mantiene como uno de los pilares centrales de su gestión.
