El Gobierno nacional avanza en una nueva ofensiva legislativa alineada con su agenda de desregulación y prepara un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos, sancionada en 2021. La iniciativa, impulsada por la Casa Rosada en medio de las tensiones internas que atraviesa La Libertad Avanza, apunta a eliminar la obligación de incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías.
La medida forma parte de la denominada “batalla cultural” que impulsa el oficialismo y se suma a otros proyectos orientados a reducir regulaciones estatales. En ese marco, el Gobierno acaba de obtener media sanción para la denominada “Ley Hojarasca”, que elimina más de 60 normas consideradas obsoletas o incompatibles con la visión libertaria del Estado.
Fuentes oficiales confirmaron que el proyecto para eliminar el etiquetado frontal ya está en elaboración y que sería enviado al Congreso en las próximas horas. La normativa vigente obliga a que alimentos envasados y bebidas analcohólicas exhiban advertencias visibles sobre nutrientes críticos, además de restringir estrategias de marketing dirigidas a niños.
La ley también establece etiquetas rectangulares para advertir la presencia de cafeína o edulcorantes y prohíbe que productos con sellos incluyan personajes infantiles, premios o promociones orientadas al público infantil.
En el oficialismo reconocen que detrás de la iniciativa existe una fuerte presión de la industria alimenticia, que desde el inicio rechazó la implementación de los octógonos. Las empresas cuestionan especialmente la falta de uniformidad regional en los sistemas de etiquetado, lo que obliga a diseñar distintos envases según cada país.
Actualmente, Argentina utiliza octógonos negros similares a los de otros mercados, aunque con criterios distintos. En Uruguay también existen octógonos, pero bajo otro esquema regulatorio; Chile aplica un sistema tipo “semáforo”, mientras que Brasil mantiene parámetros diferentes para definir cuándo corresponde incorporar advertencias.
Según plantean desde el sector empresario, esta fragmentación incrementa costos logísticos y de producción para compañías que exportan o comercializan productos en distintos países de América Latina.
Pese a ello, en el Gobierno descartan impulsar acuerdos regionales para homologar criterios de etiquetado y optan por avanzar directamente con la derogación de la ley argentina.
La discusión no es nueva dentro del espacio político que hoy integra el oficialismo. Cuando la norma fue debatida en el Congreso, el PRO mostró fuertes divisiones internas: algunos legisladores votaron en contra, otros se abstuvieron y un sector acompañó el proyecto.
En paralelo, el exdiputado del PRO y actual referente libertario Alejandro Bongiovanni, junto a la diputada macrista Daiana Fernández Molero, ya habían presentado anteriormente iniciativas orientadas a eliminar la normativa vigente.
La eventual derogación volverá a abrir un debate que en 2021 enfrentó a organizaciones de salud pública, asociaciones de consumidores y sectores de la industria alimenticia. Mientras desde el oficialismo sostienen que la ley representa una intervención excesiva del Estado sobre las empresas y los consumidores, sus defensores remarcan que el etiquetado frontal busca promover hábitos de alimentación saludable y prevenir enfermedades crónicas no transmisibles.
