El fiscal Gerardo Pollicita solicitó documentación a la Auditoría General de la Nación y al Banco Central para reconstruir operaciones con derivados financieros que registraron resultados negativos por u$s1.023 millones en 2025. También busca determinar si hubo instrucciones del Ministerio de Economía y un eventual perjuicio para el Estado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba para investigar las operaciones financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) vinculadas con las reservas de oro, que durante 2025 registraron resultados negativos por u$s1.023 millones. El objetivo es reconstruir cómo se adoptaron las decisiones, identificar a los funcionarios que participaron y determinar si existieron irregularidades que pudieran constituir delitos.
En un dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el informe completo de auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN) y documentación interna del Banco Central sobre las normas, los procedimientos de aprobación y los controles aplicados a esas operaciones.
La investigación también apunta a establecer si existieron directivas o intercambios institucionales entre el Ministerio de Economía y el BCRA relacionados con la administración de las reservas de oro y la contratación de derivados financieros.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet.
Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas. Los resultados contables negativos constituyen el punto de partida de la denuncia, pero no acreditan por sí mismos la existencia de un delito.
Las operaciones con oro que registraron pérdidas por u$s1.023 millones
El origen de la controversia es un informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025, aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026.
Según los datos incorporados a la denuncia, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalentes a aproximadamente u$s1.023 millones a valores de cierre.
Ese monto se compone de dos conceptos principales:
- $1.400.793 millones, equivalentes a unos u$s960,2 millones, registrados como resultado negativo por opciones.
- $68.362 millones, aproximadamente u$s62,8 millones, correspondientes a primas de opciones.
Sin embargo, el mismo informe contable señala que la tenencia de oro del Banco Central registró una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización durante el ejercicio.
La coexistencia de ambos resultados es uno de los aspectos centrales de la investigación, ya que las pérdidas asociadas a los derivados deben analizarse junto con la revalorización del activo que esas operaciones tenían como referencia.
La denuncia sostiene que la estrategia financiera habría limitado las ganancias que podían obtenerse por el aumento del precio internacional del metal, que, según la presentación, fue cercano al 65% durante 2025.
Dalbón planteó la posibilidad de que se hubiera utilizado una estructura conocida como collar, que combina opciones financieras para establecer un piso y un techo al precio de un activo.
En ese esquema, una suba del oro por encima del límite establecido puede generar obligaciones de pago, aunque la tenencia del metal aumente de valor.
La investigación deberá determinar qué instrumentos fueron utilizados efectivamente, cuáles fueron las condiciones de contratación y si las decisiones respondieron a una estrategia de cobertura legítima.
Pollicita pidió a la AGN el informe completo y los papeles de trabajo
Una de las principales medidas solicitadas por el fiscal consiste en requerir a la Auditoría General de la Nación toda la documentación que respalda las conclusiones de su informe sobre los estados contables del Banco Central.
Pollicita pidió que el organismo remita el documento completo, las eventuales disidencias parciales y sus fundamentos, los papeles de trabajo y los antecedentes vinculados con los resultados registrados en las operaciones con derivados.
También solicitó conocer las respuestas que el Banco Central presentó frente a las observaciones de los auditores y si existieron actuaciones posteriores relacionadas con esos cuestionamientos.
Según explicó el fiscal, las medidas buscan “delimitar con mayor precisión la plataforma fáctica objeto de análisis, reconstruir el marco de las operaciones involucradas y determinar su alcance”.
La documentación permitirá analizar las características de las transacciones, los resultados económicos registrados y las observaciones realizadas por el organismo de control.
También servirá para establecer qué información estaba disponible al momento de tomar las decisiones y cuáles fueron los fundamentos utilizados por las autoridades responsables.
La Fiscalía investiga si hubo instrucciones de Caputo al Banco Central
Otro de los puntos relevantes del dictamen está relacionado con el proceso de toma de decisiones dentro del BCRA.
Pollicita solicitó que la autoridad monetaria informe cuál era el marco normativo vigente para administrar las reservas de oro y contratar operaciones financieras vinculadas con esos activos.
El requerimiento incluye precisiones sobre las facultades de las distintas áreas, los funcionarios habilitados para intervenir, los procedimientos de aprobación y los mecanismos de supervisión y control interno.
Además, el fiscal pidió determinar si existieron comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía relacionadas con esas operaciones.
En particular, solicitó que el BCRA informe “si, entre el año 2025 y la actualidad, existieron directivas o intercambios institucionales con el Ministerio de Economía de la Nación” sobre la administración de las reservas de oro y las transacciones con derivados.
En caso de que esas comunicaciones hayan existido, la entidad deberá aportar las constancias y actuaciones correspondientes.
El objetivo es establecer qué funcionarios participaron en las decisiones y si hubo instrucciones o intervenciones del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo.
La existencia de comunicaciones institucionales, por sí misma, tampoco implicaría una irregularidad. Su eventual relevancia dependerá del contenido, las competencias de quienes intervinieron y las normas aplicables.
Qué delitos denunció Dalbón y cuáles son los interrogantes sobre las reservas
La presentación judicial de Gregorio Dalbón plantea que los hechos podrían encuadrar en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
El denunciante cuestionó que las operaciones fueran justificadas únicamente como instrumentos de cobertura financiera.
Según sostuvo, la denominación de una transacción no permite determinar automáticamente si fue legal o si respondió a una decisión adecuada.
Para Dalbón, lo relevante es analizar “su estructura, sus montos y la competencia, la finalidad y la diligencia con que se decidió”.
La denuncia también incluyó interrogantes sobre la ubicación y el destino del oro del Banco Central, a partir de versiones públicas sobre reservas depositadas en Londres, Suiza y las bóvedas de la propia entidad.
Sin embargo, las medidas de prueba solicitadas por Pollicita en esta instancia se concentran principalmente en la auditoría, las operaciones con derivados y las responsabilidades institucionales.
La Fiscalía busca establecer si los resultados negativos respondieron a riesgos propios de una estrategia financiera autorizada o si existieron decisiones contrarias a las obligaciones legales de los funcionarios.
La Justicia deberá determinar si existió un perjuicio para el Estado
La controversia sobre las operaciones con oro enfrenta dos aspectos que deberán ser evaluados conjuntamente.
Por un lado, los derivados financieros registraron pérdidas por aproximadamente u$s1.023 millones durante 2025, según los datos contables citados en la denuncia.
Por otro, la tenencia de oro del Banco Central experimentó una importante revalorización durante el mismo período.
Esa diferencia impide equiparar automáticamente el resultado negativo de las opciones con una pérdida equivalente sobre el conjunto de las reservas.
Para determinar si existió un perjuicio económico atribuible a una conducta irregular, será necesario reconstruir las operaciones, conocer sus objetivos, identificar los pagos efectuados y evaluar las condiciones bajo las cuales fueron contratadas.
Una vez incorporadas las respuestas de la AGN y del Banco Central, Pollicita pidió que se le otorgue una nueva vista del expediente para analizar los resultados y definir cómo continuar con la investigación.
La documentación requerida será determinante para establecer si las operaciones se ajustaron a las normas vigentes y si existen elementos que justifiquen avanzar en la atribución de responsabilidades penales.
