Un juez federal de La Plata suspendió el proceso de venta de activos de la empresa estatal de agua y saneamiento. La medida responde a una presentación que advierte sobre posibles impactos ambientales y cuestiona la falta de garantías para el acceso al servicio.
La estrategia del Gobierno para avanzar con la privatización de empresas públicas sumó un nuevo obstáculo judicial. Esta vez, la Justicia federal resolvió frenar el proceso de venta de activos de AySA tras hacer lugar a una presentación que alerta sobre riesgos ambientales y posibles afectaciones al acceso al agua potable.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata, Mariano López, quien ordenó suspender el avance de la iniciativa mientras se analizan los planteos presentados por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El fallo representa un revés para la administración de Javier Milei, que había incluido a AySA dentro del esquema de reformas orientadas a reducir la participación estatal en sectores considerados estratégicos.
El argumento ambiental detrás de la medida
La acción judicial fue impulsada por el Defensor del Pueblo bonaerense, que cuestionó la forma en que se diseñó el proceso de privatización.
Según la presentación, el esquema impulsado por el Poder Ejecutivo no contempla mecanismos suficientes para garantizar el acceso al agua como servicio esencial y omite abordar pasivos ambientales existentes en territorio bonaerense.
La demanda sostiene que cualquier modificación en la estructura de la compañía debería incorporar evaluaciones específicas sobre el impacto ambiental y sobre la continuidad de las inversiones necesarias para sostener los sistemas de agua potable y saneamiento.
En ese contexto, la Justicia consideró que existen elementos suficientes para analizar el planteo antes de permitir que el proceso avance.
Otro frente judicial para el plan de privatizaciones
La resolución se suma a una serie de cuestionamientos judiciales que comenzaron a aparecer sobre distintas iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en materia de activos públicos.
En paralelo, también se registran objeciones en torno al proceso de concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, una de las principales apuestas oficiales para reconfigurar el esquema energético.
La acumulación de litigios amenaza con ralentizar los tiempos previstos por la Casa Rosada para concretar varias de las reformas estructurales incluidas en su programa económico.
Un servicio estratégico bajo discusión
AySA presta servicios de agua potable y cloacas a millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires y constituye una de las empresas públicas más relevantes por su impacto social y sanitario.
Por esa razón, cualquier intento de privatización suele generar debates vinculados no sólo a cuestiones económicas sino también al acceso universal al servicio y a la capacidad de control estatal sobre una infraestructura considerada crítica.
Los cuestionamientos presentados ante la Justicia apuntan precisamente a ese punto: la necesidad de garantizar que eventuales cambios en la gestión no afecten la prestación ni las inversiones necesarias para mantener y ampliar la cobertura.
El desafío para la Casa Rosada
La suspensión judicial no implica una cancelación definitiva de la privatización, pero sí obliga al Gobierno a defender formalmente el proceso en los tribunales y responder a los cuestionamientos planteados.
Mientras tanto, la medida introduce incertidumbre sobre uno de los proyectos emblemáticos de la agenda de reformas impulsada por Milei.
La disputa abre además un debate más amplio sobre los límites legales y ambientales de los procesos de privatización y anticipa que la batalla por el futuro de las empresas públicas no se librará únicamente en el terreno político, sino también en los tribunales.
