El requerimiento fue presentado por el fiscal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El dictamen, de 207 fojas, detectó un desfasaje de más de $43 millones entre los ingresos comprobados del exfuncionario y los gastos de su grupo familiar y estableció 20 puntos que deberá explicar.
El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni deberá justificar en un plazo de 15 días el origen y la evolución de parte de su patrimonio y el de su grupo familiar, a raíz de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La intimación fue presentada este lunes por la Fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita ante el juez federal Ariel Lijo y está contenida en un dictamen de 207 fojas. El requerimiento surgió luego del análisis de documentación patrimonial, bancaria, fiscal, registral y financiera, además de información sobre activos virtuales y testimonios.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien atribuyó a Adorni un posible enriquecimiento ilícito a partir de gastos que consideró desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público. La presentación tuvo luego dos ampliaciones, realizadas por Pagano y por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro.
Según la Fiscalía, el análisis de la información permitió detectar inconsistencias y estructurar un requerimiento de 20 puntos concretos que el exfuncionario deberá responder y documentar.
La diferencia entre ingresos y gastos
Uno de los principales elementos señalados por la Fiscalía es el desfasaje entre los ingresos comprobados del matrimonio y los gastos realizados durante el período investigado.
Entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública nacional, y el 27 de junio de 2026, cuando renunció al cargo, el exfuncionario percibió 35 haberes. A esos ingresos se sumaron los de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
En conjunto, los ingresos comprobados alcanzaron $229.752.283,20. Durante el mismo período, el grupo familiar afrontó gastos por $272.820.832,20, que incluyeron seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia asciende a $43.068.549.
Para la Fiscalía, esos gastos, confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
A ese desfasaje se suman desembolsos por US$402.578,12, destinados, entre otras operaciones, a viajes, alquileres, la compra y refacción integral del lote 380 del Country Indio Cuá, la adquisición del departamento de Miró 550 y el mobiliario de esos inmuebles.
El dictamen también puso bajo análisis las declaraciones de dólares en efectivo, operaciones consignadas como “venta de activos” y el origen de las divisas utilizadas para distintos gastos.
Los 20 puntos que deberá explicar Adorni
La intimación fiscal detalla las operaciones y movimientos patrimoniales sobre los que el exfuncionario deberá brindar explicaciones.
Entre ellos se encuentran el origen de los dólares estadounidenses declarados en efectivo y la documentación que respalde las operaciones de venta de activos utilizadas para justificar esos fondos.
También deberá acreditar la existencia, entrega y destino de los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de explicar el origen del dinero utilizado para comprar un Jeep.
Otro de los puntos centrales es el lote 380 del Country Indio Cuá. La Fiscalía exige conocer el origen de los fondos empleados para adquirirlo y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento, además de explicar por qué el terreno y la vivienda de dos plantas construida allí figuran a nombre de su esposa.
La refacción de esa propiedad constituye otro de los aspectos relevantes. El requerimiento pone el foco en los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar y exige identificar el origen de cada suma, junto con los recibos y demás documentación respaldatoria.
Adorni también deberá explicar los fondos utilizados para adquirir el departamento de Miró 550 y pagar su mobiliario, así como la naturaleza y condiciones de esas operaciones.
La Fiscalía reclamó además información sobre ingresos exentos, herencias y donaciones, partidas que, según el dictamen, fueron utilizadas para explicar parte del incremento patrimonial.
Pagos en efectivo, terceros y criptomonedas
El requerimiento también alcanza los fondos utilizados para gastos cotidianos. Adorni deberá explicar el origen del dinero, tanto en pesos como en dólares, destinado a viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.
Otro punto bajo análisis es la utilización de personas de su entorno para adquirir bienes o realizar pagos por él y su grupo familiar. La Fiscalía quiere determinar qué operaciones se hicieron mediante ese mecanismo, cuánto se pagó, cuándo y cuál fue el origen del efectivo utilizado para reintegrar esos gastos.
La investigación también puso la lupa sobre las operaciones con criptomonedas.
Adorni deberá detallar su operatoria con criptoactivos y explicar el origen del capital con el que comenzó a operar. Según el dictamen, en declaraciones juradas rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales, mientras que un informe de la SIFRAI vinculó al exfuncionario con otros activos.
La Fiscalía también deberá determinar cómo se concilia el nivel de gastos y movimientos registrados en sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.
Facturas, deudas y operaciones inmobiliarias
Otro de los hallazgos mencionados en el dictamen son 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero durante 2024 y 2025 por más de $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas.
También fueron detectadas 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coincidían con los importes consignados en los comprobantes.
Adorni deberá explicar si esas operaciones efectivamente se realizaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio de pago y cuál fue el origen de los fondos.
La Fiscalía también pidió explicaciones sobre las deudas declaradas con el Banco Galicia y Buenos Aires, los honorarios notariales vinculados a tres operaciones inmobiliarias y los consumos realizados con tarjetas en las que aparecían personas de su entorno como usuarios adicionales.
A esto se suma una facturación de más de $4 millones emitida en 2026 a nombre de Bettina Angeletti por una concesionaria. El requerimiento busca determinar si corresponde a la compra de un vehículo no declarado, a una operación ya contemplada en el cálculo patrimonial o a otro concepto.
También deberá explicar acreditaciones no salariales recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación y el modo en que fueron valuadas las mejoras realizadas tanto en el departamento de Miró 550 como en el Country Indio Cuá.
La investigación incluyó bancos, registros y plataformas virtuales
El dictamen fiscal señala que la investigación incorporó información de bancos, registros de la propiedad, ARCA, ANSES, CNV y BCRA, además de datos de plataformas de activos virtuales como Binance, Lemon, Buenbit y SatoshiTango.
También fueron incorporados testimonios de escribanos, vendedores, desarrolladores inmobiliarios, acreedores y otras personas vinculadas con las operaciones analizadas.
Entre las inconsistencias detectadas aparecen préstamos familiares cuya concertación, entrega y evolución no habrían sido documentadas; deudas con el Banco Galicia que figuraban en una declaración y luego fueron omitidas; la falta de presentación en tiempo y forma de anexos reservados de la esposa y una evolución de determinados gastos que, según la Fiscalía, aumentaron aproximadamente un 119% hacia fines de 2024.
El dictamen también señala que deberá explicarse la operatoria con criptoactivos, incluido un capital informado por Adorni ante una billetera virtual al validar su identidad que, según la investigación, no fue exteriorizado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
Adorni tiene 15 días para responder
La intimación se encuadra en el artículo 268 inciso 2 del Código Penal y alcanza el incremento patrimonial registrado por Adorni y su esposa durante el período en que el exfuncionario ejerció cargos en la administración pública nacional.
La Fiscalía sostiene que son los incrementos, adquisiciones y desembolsos que, al ser confrontados con los ingresos lícitos acreditados, “no encuentran hasta el momento explicación suficiente” los que deberán ser justificados.
Ahora, Adorni tendrá 15 días para presentar sus explicaciones y aportar la documentación correspondiente sobre cada uno de los 20 puntos incluidos en el requerimiento fiscal.
