El jefe de Gabinete reconoció en una presentación rectificativa activos por más de US$500.000 que no habían sido informados previamente. Las explicaciones sobre el origen de los fondos no lograron contener los cuestionamientos y abrieron un nuevo foco de tensión para el Gobierno.
La presentación de una declaración jurada rectificativa por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abrió un frente político inesperado para el Gobierno de Javier Milei. El funcionario reconoció la existencia de activos e inversiones por más de medio millón de dólares que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores, una situación que generó cuestionamientos de la oposición, aliados parlamentarios e incluso referentes cercanos al oficialismo.
La controversia se produjo luego de que Adorni presentara ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una rectificación patrimonial en la que incorporó ahorros e inversiones previamente omitidos. Según explicó, los fondos provienen de actividades desarrolladas en el sector privado y de inversiones realizadas años atrás, principalmente vinculadas al mercado de criptomonedas.
Sin embargo, lejos de cerrar la discusión, la explicación profundizó las críticas y reavivó las dudas sobre la evolución patrimonial del funcionario, que además enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
Cuestionamientos dentro del propio oficialismo
Uno de los datos más sensibles para la Casa Rosada fue que las críticas no llegaron únicamente desde la oposición.
La ministra y referente libertaria Patricia Bullrich calificó la situación como una “omisión ética” y sostuvo que el episodio excede un simple error administrativo. Sus declaraciones generaron sorpresa dentro del oficialismo por tratarse de una de las dirigentes más alineadas con el Presidente.
También se expresó la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene una relación distante con el núcleo duro del Gobierno. La titular del Senado cuestionó tanto la conducta del funcionario como las explicaciones brindadas tras la presentación de la documentación.
Las diferencias expusieron una tensión interna poco habitual en torno a uno de los funcionarios más visibles de la gestión libertaria.
El PRO se desmarca
Las críticas también llegaron desde el PRO, uno de los principales socios legislativos del oficialismo durante el último año.
A través de un comunicado, dirigentes del espacio consideraron que la omisión patrimonial constituye una falta grave y advirtieron que un funcionario público no puede negar inicialmente una situación para luego reconocerla mediante una rectificación.
El pronunciamiento resultó particularmente significativo porque provino de un sector que acompañó al Gobierno en votaciones clave dentro del Congreso y que suele evitar confrontaciones públicas con la administración nacional.
La reacción del partido amarillo reflejó la preocupación de sectores aliados por el impacto político que el caso podría tener sobre la imagen de transparencia que intenta construir el oficialismo.
La oposición apunta al origen de los fondos
Desde distintos bloques opositores las críticas se concentraron en las explicaciones ofrecidas por Adorni sobre el origen del dinero y en la demora para incorporarlo a sus declaraciones patrimoniales.
Referentes de la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y fuerzas de izquierda reclamaron mayores precisiones sobre los activos declarados y plantearon dudas sobre la consistencia entre las presentaciones anteriores y la documentación rectificativa.
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó especialmente el crecimiento patrimonial reconocido por el funcionario y sostuvo que la adhesión al régimen de regularización fiscal no lo exime de responder ante la Justicia.
Por su parte, el radical Pablo Juliano puso el foco sobre la explicación vinculada a inversiones en criptomonedas realizadas entre 2013 y 2018 y planteó interrogantes acerca de la evolución de esos activos.
Las críticas también llegaron desde el kirchnerismo y la izquierda, que aprovecharon el episodio para cuestionar el discurso oficial sobre austeridad, transparencia y lucha contra los privilegios de la política.
Un problema político en plena investigación judicial
La controversia adquiere una dimensión mayor porque coincide con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que sigue el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Si bien la rectificación patrimonial no implica por sí misma la existencia de un delito, la admisión de activos previamente no declarados introduce nuevos elementos de análisis para la causa y alimenta los cuestionamientos políticos.
El Gobierno había apostado a que la presentación de la declaración jurada permitiera cerrar semanas de especulaciones sobre el patrimonio de Adorni. Sin embargo, el efecto terminó siendo el inverso.
La aparición de más de US$500.000 que no figuraban en declaraciones anteriores trasladó el debate desde la demora en la presentación hacia el contenido mismo de la documentación y dejó al jefe de Gabinete enfrentando una de las crisis políticas más complejas desde su llegada al Ejecutivo.
Con críticas que atraviesan todo el arco político y alcanzan incluso a sectores aliados, la polémica amenaza con extenderse durante los próximos días y convertirse en un nuevo desafío para una administración que hizo de la transparencia y la batalla contra la “casta” uno de sus principales activos discursivos.
