La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que ganaron el juicio por la expropiación de la petrolera. La decisión habilita la tramitación de las apelaciones presentadas por el Gobierno y garantiza, al menos por ahora, que la participación estatal en la compañía continúe en la Caja de Valores.
El fallo de segunda instancia también descartó exigir una “garantía” real por los 16.099 millones de dólares que el país debe abonar, cifra que continúa acumulando intereses diarios calculados en unos 2,5 millones de dólares. La medida, según fuentes judiciales, es de carácter “administrativo” y no anticipa la decisión de fondo.
Una batalla judicial que se extiende
Argentina, a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, presentó dos apelaciones: una contra la sentencia que condena al país a pagar la millonaria indemnización y otra contra la orden de entregar las acciones de YPF. Esta segunda podría demorar hasta dos años en resolverse, según especialistas que siguen de cerca el expediente en Estados Unidos.
El Gobierno celebró el fallo. Desde la Procuración del Tesoro destacaron que la medida “garantiza la preservación de un activo estratégico” mientras avanzan los procesos de apelación. A su vez, remarcaron que la sentencia de primera instancia contra la Argentina es consecuencia de “décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente al país”.
Posiciones encontradas y apoyo externo
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que el Ejecutivo no avalaría la entrega de acciones de YPF. Argumentó que cualquier operación de venta o cesión de participación estatal requiere autorización del Congreso de la Nación Argentina.
Entre los analistas, la suspensión fue interpretada como un guiño a la defensa argentina. El consultor privado y exdirectivo de YPF, Juan José Carbajales, resaltó que la Cámara mencionó el amicus curiae presentado por el gobierno de Estados Unidos, que pidió preservar la inmunidad soberana y evitar conflictos internacionales.
Próximas fechas clave
La primera audiencia vinculada a la apelación de fondo tendrá lugar el 25 de septiembre, mientras que el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas, se celebrará la audiencia oral sobre la entrega de las acciones. Allí, los jueces escucharán directamente a las partes.
En paralelo, algunos especialistas advierten que, en caso de un revés, la estrategia argentina podría derivar en la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de urgencia, aunque esa vía implicaría riesgos adicionales.
Por ahora, la decisión de la Cámara de Apelaciones posterga la ejecución de la orden de Preska y mantiene bajo control del Estado argentino la mayoría accionaria de YPF, un desenlace que el Gobierno calificó como “clave para resguardar los intereses de todos los argentinos”.
