El embajador argentino ante las Naciones Unidas (ONU), Francisco Tropepi, respaldó de manera explícita la operación militar realizada por Estados Unidos en territorio de Venezuela que derivó en la detención del ex dictador Nicolás Maduro, acusado por la Justicia norteamericana de cargos vinculados al narcotráfico y al terrorismo transnacional. En la misma intervención, el diplomático exigió la inmediata liberación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado desde el 8 de diciembre de 2024 en un centro clandestino de detención controlado por el régimen venezolano.
La definición fue formulada durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, convocada para analizar la situación en Venezuela tras la captura de Maduro. El órgano dedicó la sesión a evaluar el nuevo escenario político, institucional y de seguridad regional abierto luego de la detención del ex mandatario, quien ya fue trasladado a Estados Unidos y compareció ante un tribunal federal.
Desde el inicio de su exposición, Tropepi fijó con claridad la posición del Gobierno argentino. En un pasaje central afirmó: “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”. La cita condensó el encuadre oficial: respaldo político a la operación militar, caracterización de Maduro como dictador y definición del régimen venezolano dentro de la lógica del narcoterrorismo.
El embajador no presentó la detención como un episodio aislado, sino como parte de un proceso histórico. Recordó que la narcodictadura venezolana se consolidó desde 1999, primero bajo el liderazgo de Hugo Chávez y luego con Maduro, combinando el control autoritario del Estado con la construcción de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al financiamiento ilícito, utilizando recursos públicos e instituciones estatales para garantizar impunidad y expansión regional.
En ese marco, Tropepi definió a Maduro como el líder operativo de una estructura criminal transnacional. Al referirse al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua, subrayó la articulación entre el poder político venezolano y organizaciones delictivas con capacidad de proyección fuera de sus fronteras, lo que, según sostuvo, convirtió al régimen en una amenaza directa para la seguridad regional.
El diplomático remarcó que la narcodictadura no solo vulneró de manera sistemática los derechos humanos de su población, sino que destruyó las instituciones democráticas y se apropió de los recursos nacionales. En ese proceso, provocó un colapso social que derivó en un éxodo masivo de millones de venezolanos, presentado como una consecuencia directa del fracaso estructural del modelo chavista.
Tropepi dedicó un tramo central de su discurso a explicar la coherencia de la política exterior argentina desde la asunción del presidente Javier Milei. En ese sentido, afirmó: “Desde la asunción del Presidente Javier Milei, la Argentina ha sido clara y consistente en su posicionamiento frente a esta situación. Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”.
Entre las decisiones concretas mencionadas, recordó que en marzo de 2024 la Argentina otorgó asilo diplomático a seis dirigentes opositores venezolanos, una medida que implicó asumir riesgos políticos y operativos. Luego del desconocimiento de las elecciones del 28 de julio de 2024, calificadas como fraudulentas, y del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo, el régimen expulsó a la Argentina del país y sometió a la embajada en Caracas a un asedio permanente.
El embajador también recordó que, el 23 de diciembre pasado, la Argentina ya había llevado la situación venezolana al Consejo de Seguridad, advirtiendo que el deterioro institucional y humanitario trascendía el plano interno y representaba una amenaza concreta para la estabilidad regional y la seguridad hemisférica.
Con la detención de Maduro consumada, Tropepi se refirió al nuevo escenario judicial abierto en Estados Unidos. Señaló que el ex dictador ya compareció ante un tribunal federal, designó abogado defensor y se declaró inocente de los cargos, contrastando ese proceso con la ausencia absoluta de garantías judiciales que caracterizó al régimen venezolano durante más de veinticinco años.
El tramo final de la intervención estuvo dedicado de manera exclusiva al reclamo argentino por Nahuel Gallo. Allí, el embajador dejó asentado en actas: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”.
Tropepi recordó que el gendarme se encuentra en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, tras haber sido secuestrado y trasladado a un centro clandestino de detención. Al plantear el caso ante el Consejo de Seguridad, la Argentina vinculó su liberación al nuevo escenario abierto tras la caída del ex dictador y la presentó como una obligación inmediata para cualquier autoridad que administre la transición.
En una sesión clave del máximo órgano de seguridad internacional, la Argentina dejó una posición inequívoca: la detención de Nicolás Maduro abre una etapa que exige responsabilidades judiciales, definiciones políticas claras y decisiones urgentes. Entre ellas, una señal concreta de ruptura con la narcodictadura que gobernó Venezuela desde 1999: la liberación inmediata de Nahuel Gallo y su regreso seguro a la Argentina.
