Fracasó una nueva audiencia entre la Provincia y el Gobierno nacional por los recursos que la ANSES adeuda a la caja jubilatoria bonaerense. Axel Kicillof denunció que la Casa Rosada no presentó ninguna propuesta de pago y anticipó una medida cautelar.
La disputa entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno de Javier Milei por los fondos previsionales sumó este miércoles un nuevo capítulo sin avances. Tras una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia de Buenos Aires confirmó que avanzará con una medida cautelar para reclamar recursos que, según sostiene, la Nación retiene de manera indebida.
El encuentro terminó sin acuerdo luego de que los representantes nacionales no presentaran una propuesta concreta para cancelar la deuda que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con el sistema previsional bonaerense. Según el reclamo provincial, el pasivo asciende a $2,2 billones solo en concepto de financiamiento de la caja jubilatoria.
“Seguimos con el problema de que no nos transfieren”, afirmó Kicillof al finalizar la audiencia. El mandatario cuestionó que el Gobierno solicitara más tiempo para continuar con el análisis técnico del caso, pese a que la Corte había requerido una propuesta formal de pago para esta instancia.
La audiencia formó parte del proceso de conciliación impulsado por el máximo tribunal, que ya había reunido a ambas partes en oportunidades anteriores con el objetivo de alcanzar una solución negociada. Sin embargo, la falta de avances llevó a la Provincia a judicializar aún más el conflicto.
El reclamo por los fondos previsionales
Desde la administración bonaerense sostienen que la interrupción de las transferencias afecta directamente la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial y compromete recursos destinados al pago de haberes.
Kicillof argumentó que otras provincias lograron acuerdos transitorios con la Casa Rosada para compensar déficits previsionales y cuestionó que Buenos Aires no haya recibido una oferta similar. En ese contexto, vinculó la disputa con la política fiscal del Gobierno nacional y aseguró que parte del superávit exhibido por la gestión libertaria se sostiene sobre pagos pendientes a provincias, universidades y jubilados.
La Provincia también elevó el tono del reclamo al señalar que la deuda total que mantiene la Nación con el distrito supera ampliamente el conflicto previsional y alcanza diversas áreas de financiamiento.
Provincias que sí lograron acuerdos
El reclamo bonaerense se inscribe en una discusión que involucra a las 13 provincias que conservaron sus cajas previsionales bajo administración propia y no las transfirieron al sistema nacional.
En los últimos meses, varios gobernadores alcanzaron entendimientos con la ANSES para compensar déficits jubilatorios. Entre los acuerdos más recientes aparecen los firmados por Maximiliano Pullaro en Santa Fe y por Juan Pablo Valdés en Corrientes, que garantizaron transferencias por un total de $160.000 millones.
Antes también habían cerrado acuerdos distritos gobernados por Ignacio Torres, Martín Llaryora, Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua.
La mayoría de esos mandatarios mantuvo una relación de mayor diálogo con la Casa Rosada y acompañó iniciativas clave del oficialismo en el Congreso. Esa situación alimenta en el entorno de Kicillof la sospecha de que los acuerdos financieros con las provincias también forman parte de la negociación política que el Gobierno lleva adelante para reunir apoyos parlamentarios.
La pelea judicial se cruza con las negociaciones políticas
El conflicto previsional ocurre en paralelo a una etapa de intensas conversaciones entre la administración nacional y los gobernadores para impulsar reformas institucionales y electorales.
En las últimas horas, funcionarios nacionales mantuvieron reuniones con mandatarios provinciales para explorar consensos sobre distintos proyectos, entre ellos la reforma electoral y posibles cambios en el esquema de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En ese contexto, la decisión de Buenos Aires de avanzar con una medida cautelar profundiza la confrontación entre Kicillof y la Casa Rosada, y traslada nuevamente a la Corte Suprema una disputa que combina recursos fiscales, financiamiento previsional y tensiones políticas entre el principal distrito del país y el Gobierno nacional.
Sin una propuesta de pago sobre la mesa y con el proceso de conciliación agotado, la definición del conflicto parece encaminarse ahora hacia una nueva batalla judicial.
