El Gobierno bonaerense acusó a la Nación de utilizar recursos del Fondo Hídrico sin ejecutar las obras previstas. Según la Provincia, solo se invirtió el 36,7% de los fondos asignados entre 2024 y 2026 y más de $290.000 millones fueron colocados en Letras del Tesoro. También cuestionó la privatización de AySA.
El gobierno de Axel Kicillof anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en la administración del Fondo de Infraestructura Hídrica. La Provincia sostiene que el Ejecutivo recauda los impuestos destinados a prevenir inundaciones, pero ejecuta solo una parte de los recursos previstos para obras.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en La Plata encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard.
Según adelantó Katopodis, la presentación judicial se realizará por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La denuncia todavía deberá ser presentada y evaluada por la Justicia, que tendrá que determinar si existen elementos para investigar eventuales responsabilidades penales.
“Cobra 24×7 en todas las estaciones de servicio del país y no hace las obras. Pone a la población a la intemperie por negligencia e irresponsabilidad”, cuestionó Katopodis.
El funcionario vinculó la falta de inversiones con los riesgos de inundaciones ante el avance del fenómeno climático de El Niño y advirtió que la situación podría agravarse durante los próximos meses.
La Provincia denuncia que solo se ejecutó el 36,7% de los fondos para obras hídricas
El principal argumento del Gobierno bonaerense se apoya en un informe sobre la administración del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que recibe recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles.
Según la información presentada por Katopodis, el fondo tiene asignado por ley el 4,31% de ese tributo, que debe destinarse a obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.
El documento señala que, en el promedio de 2024, 2025 y 2026, los recursos asignados legalmente alcanzaron los $402.931 millones, mientras que el gasto de capital destinado a obras fue de $147.834 millones.
Esto representa una ejecución del 36,7% de los fondos, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Infraestructura bonaerense.
“Uno de cada tres pesos solo invierte”, resumió Katopodis.
La Provincia también cuestionó el destino de los recursos que permanecen dentro del fideicomiso.
Según el informe, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones, equivalentes al 85,49%, estaban colocados en Letras del Tesoro.
“No hacen obras hídricas pero sí timba financiera”, sostuvo el ministro.
El Gobierno provincial estimó que, con esos recursos, podrían financiarse obras equivalentes a 40 intervenciones de adecuación del cauce del río Areco, ocho reconstrucciones del Canal Maldonado en Bahía Blanca o tres proyectos de mejoramiento del tramo medio del río Luján.
Estas equivalencias forman parte de las estimaciones difundidas por la administración bonaerense y deberán ser contrastadas durante el proceso de evaluación de la denuncia.
Katopodis advirtió por el riesgo de inundaciones ante el avance de El Niño
La falta de inversiones en infraestructura hídrica fue presentada por la Provincia como un problema especialmente relevante ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.
Katopodis exhibió mapas de humedad del suelo que, según explicó, muestran un aumento de las superficies saturadas en buena parte del territorio bonaerense entre la primera y la segunda semana de octubre.
“No hay duda de que vamos a tener que afrontar una situación muy grave en los próximos meses”, advirtió.
El ministro sostuvo que las obras de prevención resultan fundamentales para reducir los riesgos sobre la población y las actividades productivas.
En ese contexto, cuestionó que la Nación continúe recaudando el impuesto que financia el Fondo Hídrico sin ejecutar la totalidad de los recursos asignados a ese destino.
También señaló que el Consejo Hídrico Federal (COHIFe) ya había intimado al Gobierno nacional a utilizar los fondos para obras.
Según adelantaron fuentes provinciales, Katopodis concurrirá personalmente a los tribunales federales para presentar la denuncia. Además, la administración de Kicillof buscará sumar a otros gobernadores y municipios al reclamo.
Buenos Aires reclama avales para créditos por u$s320 millones
La conferencia también incluyó cuestionamientos por la falta de autorización nacional para acceder a financiamiento internacional destinado a obras hidráulicas.
La Provincia aseguró que mantiene pendientes dos operaciones de crédito que requieren el aval del Gobierno nacional.
La primera es por u$s200 millones, destinados a la construcción de un túnel aliviador hacia el Río de la Plata y conductos en la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.
El proyecto beneficiaría a los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Florencio Varela, Presidente Perón y Quilmes.
El segundo financiamiento, por u$s120 millones, está destinado a obras en el Nodo Bragado, dentro de la cuenca del río Salado.
Katopodis cuestionó que la Nación no haya otorgado las autorizaciones correspondientes y sostuvo que se trata de una situación inédita en cuatro décadas de democracia.
Según los datos presentados por la Provincia, el Gobierno nacional aprobó 18 créditos internacionales para diez provincias, por una inversión estimada de u$s1.973 millones, mientras que Buenos Aires no recibió avales para sus proyectos.
El ministro también acusó a la administración de Caputo de haber destinado al refinanciamiento de deuda recursos provenientes de un crédito del Banco Mundial originalmente aprobado para prevenir inundaciones.
Se refirió al préstamo BIRF 9516-AR, por u$s200 millones, aprobado en agosto de 2023 para infraestructura resiliente al clima y gestión del riesgo de inundaciones urbanas.
De acuerdo con la versión bonaerense, esos fondos no fueron ejecutados para las obras previstas y se utilizaron para financiar obligaciones del Estado.
Kicillof también buscará impugnar los aumentos de AySA
La segunda acción anunciada por Katopodis está vinculada con el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
El Gobierno provincial confirmó que participará de la audiencia pública prevista para el 26 de octubre, donde buscará impugnar el aumento de tarifas y cuestionar el esquema de privatización de la compañía.
Katopodis sostuvo que el acceso al agua constituye un servicio esencial y criticó la decisión del Ejecutivo nacional de avanzar con su transferencia al sector privado.
“AySA después de muchos años es una empresa saneada y superavitaria. El Gobierno no tiene mejor idea que regalarla”, afirmó.
Según un informe del Instituto Argentina Grande citado por la Provincia, desde 2024 las tarifas de AySA aumentaron 555% en términos nominales, mientras que la recaudación de la empresa creció 135% real.
En el mismo período, la inversión en obras habría registrado una caída del 75% en términos reales.
El documento también señala que entre 2019 y 2023 la empresa finalizó 1.307 obras y que, mientras en diciembre de 2023 mantenía 273 proyectos en ejecución, en mayo de 2026 no registraba ninguno con avance físico.
Katopodis advirtió que la privatización podría profundizar los problemas de acceso a los servicios de agua y saneamiento.
Según las cifras expuestas, 3,7 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no cuentan con agua de red y otros 5,5 millones carecen de conexión a cloacas.
ARBA anunció descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas
Durante la misma conferencia, el titular de ARBA, Cristian Girard, presentó detalles de un nuevo régimen de regularización tributaria que comenzará el 26 de octubre y estará vigente hasta el 31 de diciembre.
El programa contempla descuentos sobre los conceptos alcanzados por el beneficio, con bonificaciones que disminuirán a medida que avance el plazo de adhesión.
Quienes ingresen entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre podrán acceder a un descuento del 40% por pago al contado, del 20% en tres cuotas o del 15% en seis cuotas.
En la última etapa, entre el 12 y el 31 de diciembre, el beneficio se reducirá al 30% para quienes cancelen sus obligaciones al contado.
El régimen no contempla quitas de capital y alcanza deudas correspondientes a Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas, con las condiciones establecidas para cada período.
Girard también anticipó que la Provincia trabaja en el Presupuesto y la Ley Impositiva 2027, con el objetivo de mantener beneficios para contribuyentes cumplidores y acompañar a las pequeñas y medianas empresas.
“Nos vamos a enfocar en los sectores de mayor capacidad contributiva y en acompañar a las pymes”, sostuvo.
Bianco cuestionó la política económica y respondió a Santilli
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, utilizó la conferencia para cuestionar los resultados de la política económica nacional.
El funcionario advirtió sobre lo que definió como una consolidación de la recesión y mencionó el cierre de 32.290 empresas y la pérdida de 265.000 puestos de trabajo desde la asunción de Milei, de los cuales 104.000 corresponderían a la provincia de Buenos Aires.
También señaló una caída del 15% en el consumo en supermercados, según los indicadores que citó durante su exposición.
“Milei debe cambiar el plan económico, si no la gente va a cambiar al Gobierno en las elecciones”, afirmó.
Bianco respondió además a las declaraciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había advertido sobre una posible caída de las inversiones ante un eventual triunfo electoral de Kicillof.
“Ante lo evidente, el deterioro de la imagen de Milei, quiere instalar el miedo”, sostuvo.
Respecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aseguró que un eventual gobierno peronista respetaría los derechos adquiridos, aunque planteó la posibilidad de implementar un sistema de promoción que exigiera compromisos de generación de empleo.
En el plano electoral, también defendió la continuidad de las PASO y afirmó que distintos dirigentes de Fuerza Patria acordaron sostener ese mecanismo para definir candidaturas.
La conferencia dejó así planteados varios frentes de conflicto entre las administraciones nacional y bonaerense, aunque la denuncia por el Fondo Hídrico constituye la principal novedad institucional. Su presentación abrirá una instancia judicial para determinar si existieron irregularidades en la administración de recursos destinados por ley a obras de prevención de inundaciones.
