La sesión en la Cámara de Diputados dejó un saldo ambiguo para el oficialismo: menos malo de lo esperado, pero igualmente negativo para sus planes fiscales. La Libertad Avanza consiguió que se mantuviera el veto al paquete previsional —que incluía aumentos en jubilaciones, ampliación de la moratoria y mejoras en bonos—, evitando así compromisos por 0,87% del PBI en 2026 y 0,36% en 2025.
Con este resultado, el Ejecutivo logró frenar aproximadamente la mitad del incremento del gasto que imponía la oposición. El paquete completo, de haberse aprobado en Diputados, hubiera significado 0,73% del PBI en 2025 y 1,73% en 2026, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Sin embargo, ya quedaron firmes dos iniciativas con impacto fiscal:
- La distribución entre provincias del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), unos $630.000 millones anuales.
- La Ley de Emergencia en Discapacidad, que representará 0,16% del PBI en 2025 y 0,39% en 2026.
En la agenda del Senado restan proyectos sensibles como la modificación en el reparto del Impuesto a los Combustibles (0,08% del PBI en 2025) y la baja en derechos de exportación (0,11% en 2025).
Riesgo para las metas con el FMI
Un informe de la Fundación Mediterránea advierte que, si el Congreso convierte en ley todas las iniciativas y los vetos presidenciales caen, el superávit primario de 2025 caería a 0,87% del PBI frente al 1,6% comprometido con el FMI, y en 2026 a 0,49%, lejos del 2,2% pactado.
Eso implicaría volver al déficit financiero: -0,4% en 2025 y -1,7% en 2026. La consecuencia sería un aumento nominal de la deuda y un serio riesgo para la sustentabilidad fiscal.
Francos abre la puerta a un choque institucional
Desde la Casa Rosada, la señal es clara: no hay voluntad de cumplir con leyes que impliquen más gasto. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue explícito:
“No tenemos recursos, claramente no nos pueden hacer cumplir, salvo que nos digan que emitamos, que tampoco vamos a aceptar porque la política central de este gobierno es no emitir”.
El funcionario planteó además un argumento jurídico:
“Si vamos a ser absolutamente legalistas, no puede el Poder Legislativo decirle al Poder Ejecutivo que gaste dinero en algo, esa es función del Ejecutivo”.
Esa definición abre la posibilidad de un conflicto institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, en un momento en el que las cuentas públicas están en el centro de la discusión política y económica.
