El Gobierno nacional confirmó que el próximo lunes volverá a habilitar la sala de periodistas de la Casa Rosada, luego de una semana de restricciones al ingreso de la prensa acreditada. La decisión se conoció en la antesala del feriado del Día del Trabajador y en medio del avance de un amparo judicial que podría haber derivado en una resolución adversa para el Ejecutivo.
En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, retomaría su conferencia de prensa habitual el lunes a las 11, ya con el espacio nuevamente operativo, aunque con mayores controles de acceso en una primera etapa.
Reapertura en un contexto sensible
La medida llega en un momento de creciente preocupación dentro del Gobierno por la posibilidad de que la Justicia dictara una medida cautelar obligando a restituir el acceso a los periodistas.
En la Casa Rosada evaluaron que el costo político de reabrir la sala por decisión propia sería menor que hacerlo por orden judicial, en un escenario de alta exposición pública.
El amparo que aceleró la decisión
El detonante fue la presentación judicial impulsada por Ámbito, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa.
El planteo incluye un pedido de medida cautelar innovativa para restituir el acceso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes fueron bloqueadas tras la eliminación de sus huellas digitales del sistema de ingreso.
En la demanda se argumenta que la decisión del Ejecutivo fue “ilegítima y arbitraria” y que vulnera derechos constitucionales como la libertad de prensa, el derecho al trabajo y el acceso a la información pública.
Restricciones sin aviso y justificación oficial
El cierre de la sala había sido dispuesto días atrás sin comunicación formal previa a los medios acreditados. Desde el Gobierno justificaron la medida en razones de seguridad, tras una denuncia presentada por Casa Militar por presunto espionaje ilegal vinculado a la difusión de imágenes del interior de la sede presidencial.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, explicó que la eliminación de las huellas dactilares fue una medida preventiva para garantizar la “seguridad nacional”.
Durante el período de cierre, los periodistas debieron trabajar desde bares y espacios cercanos a Plaza de Mayo, sin acceso directo a la sede del Poder Ejecutivo.
Rechazo de entidades y respaldo institucional
La decisión generó cuestionamientos de organizaciones periodísticas como ADEPA, FOPEA y AEDBA, además de dirigentes políticos y organizaciones civiles.
También hubo pronunciamientos desde la Iglesia. El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, recibió a periodistas acreditados y visibilizó el reclamo en Plaza de Mayo, al tiempo que pidió abrir canales de diálogo.
Lozano destacó que el trabajo de la prensa en Casa Rosada cumple una función esencial vinculada al derecho de la sociedad a conocer los actos de gobierno.
Impacto político y debate legislativo
En paralelo, la senadora Carolina Moisés impulsó un proyecto para modificar la ley de acceso a la información pública y establecer la obligatoriedad de contar con salas de prensa permanentes en los tres poderes del Estado.
La iniciativa también busca evitar la revocación masiva de acreditaciones y establece que cualquier restricción de acceso debe ser individual, fundada y sujeta a revisión judicial.
Un conflicto abierto
La reapertura de la sala descomprime parcialmente el conflicto, pero no cierra el debate de fondo sobre el acceso de la prensa a las instituciones públicas.
Con una causa judicial en curso y un clima de tensión entre el Gobierno y los medios, el episodio vuelve a poner en el centro de la escena el equilibrio entre seguridad, transparencia y libertad de prensa en la Argentina.
