Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas y empresas que estarían vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. El Ejecutivo también prepara un proyecto para endurecer las penas y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
A menos de 24 horas del anuncio realizado por Javier Milei durante la cadena nacional, el Gobierno puso en marcha las primeras medidas vinculadas con su nueva estrategia sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.
La Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas que estarían vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas y su plataforma continental.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que explicó que los procedimientos buscan investigar y sancionar posibles violaciones a las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley 26.659, vigente desde 2011.
Sanciones también para accionistas y proveedores
Según informó el Gobierno, los procedimientos no alcanzarán únicamente a las compañías que desarrollarían actividades hidrocarburíferas.
También quedarán bajo investigación accionistas de esas empresas y compañías proveedoras de servicios que les permitan desarrollar sus operaciones.
“La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”, sostuvo el Ejecutivo, al advertir que quienes busquen obtener beneficios económicos mediante actividades que considera violatorias de la soberanía argentina enfrentarán sanciones.
El Gobierno afirmó además que la actividad vinculada con los recursos naturales de las islas se habría profundizado recientemente, con avances sobre la explotación de hidrocarburos.
El proyecto que llegará al Congreso
En paralelo con los procedimientos iniciados por Cancillería, el Ejecutivo prepara un proyecto de ley que busca modificar la Ley 26.659 y endurecer el régimen aplicable a las empresas vinculadas con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en las islas.
La iniciativa contempla mayores sanciones y penas y amplía el alcance de las prohibiciones a los proveedores de las compañías involucradas.
De aprobarse el nuevo esquema, esas empresas no podrían contratar en territorio argentino, tanto con organismos del Estado como con el sector privado.
El proyecto también contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda y establece que el régimen podría extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como objetivo definir una política de seguridad nacional de aplicación transversal en todo el Estado.
El organismo articularía el trabajo de distintas áreas del Gobierno, entre ellas Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Además, tendría entre sus funciones establecer un marco para la protección de la infraestructura crítica y desarrollar herramientas vinculadas con la protección aeroespacial y marítima del país.
Herramientas económicas y diplomáticas
El tercer eje apunta a dotar al nuevo Consejo de las facultades necesarias para que el Estado pueda responder ante actores estatales o no estatales que representen una amenaza para la seguridad nacional.
El proyecto plantea utilizar para ese objetivo herramientas económicas y diplomáticas, ampliando la capacidad de respuesta del Estado frente a determinadas acciones consideradas contrarias a los intereses nacionales.
De esta manera, el Gobierno busca combinar las sanciones ya activadas por Cancillería con un nuevo marco legal que amplíe las penalidades, alcance a empresas vinculadas y establezca una estructura permanente de coordinación en materia de seguridad y soberanía.
