Aunque el receso parlamentario no implica el cierre del Congreso, el oficialismo volvió a explotar esa zona gris institucional para su propio beneficio. En esta ocasión, La Libertad Avanza utilizó el intervalo entre el cierre de las sesiones ordinarias y una eventual convocatoria a extraordinarias para permitir que siga vigente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), sin control efectivo del Parlamento.
El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei en un momento particularmente sensible: entre las celebraciones de fin de año, con el Congreso en receso y apenas días después del recambio legislativo. Ese dato no es menor. Cada renovación parlamentaria obliga a volver a conformar todas las comisiones, un proceso clave para el funcionamiento del Poder Legislativo.
La maniobra oficialista: comisiones a medida y tiempos estirados
Desde el 10 de diciembre, el oficialismo avanzó solo con la constitución de aquellas comisiones que resultaban funcionales a su agenda. Se activaron, por ejemplo, las comisiones de Presupuesto en ambas Cámaras para tratar el Presupuesto 2026, y las vinculadas a Legislación del Trabajo y Minería, en línea con la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.
En paralelo, no se conformaron dos comisiones bicamerales permanentes que deberían funcionar incluso durante el receso:
- la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia,
- y la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, creada por la Ley 26.122 y encargada de analizar la validez de los DNU.
La ausencia de estas comisiones impide que diputados y senadores se reúnan formalmente para evaluar el contenido, la constitucionalidad y las implicancias del decreto que reorganiza el sistema de inteligencia. En los hechos, la decisión le permite al Ejecutivo ganar tiempo y mantener vigente una norma que tiene fuerza de ley mientras no sea rechazada por ambas Cámaras.
Los reclamos de distintos bloques opositores para acelerar la conformación de estas comisiones fueron desoídos por las autoridades del Congreso, Martín Menem en Diputados y Victoria Villarruel en el Senado, responsables directos de habilitar ese engranaje institucional.
El DNU de la SIDE y una oposición desarticulada
El aprovechamiento del receso no es una novedad en la política argentina. Lo llamativo, según admiten incluso voces opositoras, es la falta de reacción coordinada frente a una jugada previsible. Legisladores con experiencia parlamentaria reconocen que se subestimó la estrategia del oficialismo y que no hubo un plan de contingencia para enfrentarla.
Más allá de algunos pronunciamientos públicos y presentaciones judiciales impulsadas por el interbloque Unidos, la realidad es que buena parte de los legisladores nacionales se encuentra de vacaciones. La fragmentación opositora, sumada a la dependencia de muchos bloques de las negociaciones de sus gobernadores con la Casa Rosada —especialmente por fondos discrecionales como los ATN—, limita la capacidad de reacción conjunta.
En los pasillos del Congreso, el diagnóstico es lapidario: esta combinación de maniobras del oficialismo y pasividad opositora expone un problema de inmadurez institucional que debilita los mecanismos de control republicano.
Un decreto que corre con fuerza de ley
Mientras tanto, el Ejecutivo juega al límite con los plazos constitucionales. Milei puede enviar el DNU al Congreso hasta el último día hábil del plazo previsto, estirando al máximo los tiempos. En ese escenario, el decreto que reestructura la SIDE seguirá vigente, con fuerza de ley, hasta que ambas Cámaras eventualmente logren rechazarlo, una tarea cada vez más compleja en un Parlamento dividido.
La alternativa judicial también está sobre la mesa. Existen presentaciones que buscan que la Justicia declare la invalidez del DNU, pero hasta el momento no hubo fallos que frenen su aplicación.
Así, en pleno receso parlamentario, el Gobierno logró un objetivo central: mantener operativo un cambio estructural en el sistema de inteligencia sin control efectivo del Congreso, al menos por ahora. La pregunta que queda abierta es si, cuando se retome la actividad legislativa, el Parlamento logrará recuperar la iniciativa o si el decreto llegará a febrero ya consolidado como un hecho consumado.
