La fiscalía detectó rectificaciones sucesivas en las presentaciones patrimoniales del diputado provincial y sospecha que ocultó bienes, cuentas bancarias e ingresos mientras ocupaba cargos en el Ministerio de Defensa. La causa suma presión sobre el entorno político de Manuel Adorni.
La situación judicial de Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó que el diputado provincial y exfuncionario nacional sea citado a declaración indagatoria por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales, al considerar que existen elementos que permiten sospechar la omisión de bienes y la incorporación de datos falsos durante su paso por la administración pública.
La investigación se centra en la evolución patrimonial del hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante los años en que desempeñó funciones en el Ministerio de Defensa, primero al frente de la Unidad de Auditoría Interna y luego como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Según la presentación fiscal, las inconsistencias detectadas no surgieron de las declaraciones originales sino de las sucesivas rectificaciones que el funcionario presentó una vez iniciada la investigación judicial.
Las modificaciones que encendieron las sospechas
De acuerdo con el expediente, Francisco Adorni había presentado tres declaraciones juradas patrimoniales antes de que comenzara la causa: una inicial, una anual y una de baja al finalizar su gestión.
Sin embargo, una vez abierta la investigación, realizó varias rectificaciones sobre esos documentos incorporando información que no figuraba en las presentaciones originales.
Entre los cambios detectados aparecen sumas de dinero en efectivo, cuentas bancarias en pesos y dólares, tarjetas de crédito, fondos de inversión e ingresos correspondientes a su cónyuge.
Para la fiscalía, la reiteración de modificaciones sobre documentos ya presentados constituye uno de los principales elementos que justifican profundizar la investigación.
Marijuan sostuvo que existe un cuadro de sospecha suficiente para considerar que parte de esa información patrimonial fue omitida originalmente pese a que el funcionario tenía la obligación legal de declararla.
Dinero en efectivo y nuevas cuentas
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la incorporación tardía de activos que no habían sido consignados inicialmente.
Según el análisis realizado por la fiscalía, Adorni informó por primera vez la existencia de dinero en efectivo recién en mayo de este año. Posteriormente agregó nuevas cuentas bancarias y tarjetas de crédito que tampoco aparecían en las declaraciones previas.
En una de las rectificaciones vinculadas a su salida de la función pública declaró poseer más de 24 millones de pesos en efectivo. Parte de esos fondos, según explicó, tendrían origen en una herencia familiar.
La investigación también detectó la incorporación posterior de cajas de ahorro, cuentas corrientes y productos financieros que habrían existido desde antes de su ingreso a la administración nacional.
El rol de su formación profesional
Un elemento central en la argumentación de Marijuan es la experiencia técnica del propio investigado.
El fiscal destacó que Adorni es contador público, cuenta con especialización en administración financiera y acumuló años de experiencia profesional vinculada al control y manejo de información patrimonial dentro del sector público.
Por ese motivo, consideró poco plausible que las omisiones detectadas respondan a errores involuntarios o simples olvidos.
En su dictamen sostuvo que, por su formación y trayectoria, el exfuncionario conocía perfectamente las exigencias legales vinculadas a la confección de declaraciones juradas y la importancia de consignar información completa y veraz.
El delito bajo investigación
La fiscalía encuadró los hechos en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona la inserción de datos falsos o la omisión maliciosa de información en declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos.
Según la hipótesis de la acusación, Adorni habría omitido bienes y activos que estaba obligado a informar con el objetivo de alterar la composición real de su patrimonio y dificultar los controles previstos por la legislación vigente.
La decisión final sobre la convocatoria a indagatoria quedará ahora en manos del juzgado interviniente, que deberá evaluar el planteo del fiscal y determinar los próximos pasos de la causa.
Un caso que impacta en el escenario político
El avance del expediente adquiere además una dimensión política particular por el vínculo familiar entre Francisco Adorni y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una de las figuras más relevantes del Gobierno de Javier Milei.
La causa se conoce además en un contexto de creciente escrutinio sobre las declaraciones patrimoniales de distintos funcionarios nacionales, luego de las controversias generadas en las últimas semanas por rectificaciones y presentaciones vinculadas al propio entorno oficialista.
Aunque la investigación se encuentra todavía en una etapa preliminar, el pedido de indagatoria marca un salto procesal relevante y abre un nuevo frente de tensión para el Gobierno en el plano judicial.
