La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que habilita el desarrollo de proyectos mineros en áreas cercanas a los glaciares.
El proyecto, que ya contaba con media sanción del Senado desde febrero, fue aprobado por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, tras un debate que se extendió durante toda la jornada del miércoles y la madrugada del jueves.
Cambios en el esquema de protección
La nueva norma introduce una modificación clave: delega en las provincias la potestad de definir qué zonas periglaciales pueden ser habilitadas para la actividad minera.
De esta manera, se flexibiliza el alcance de la legislación sancionada en 2010, considerada pionera en América Latina por establecer la protección de los glaciares y su entorno como reservas estratégicas de agua.
Durante el debate, el diputado oficialista José Peluc defendió la iniciativa y rechazó las críticas: “Algunos dicen que no vamos a tener más glaciares y, la verdad, eso es no haber leído el proyecto”.
Críticas de la oposición
Desde la oposición, en tanto, cuestionaron el impacto ambiental de la reforma. La diputada Gabriela Estévez advirtió que la norma puede generar desigualdades regulatorias entre provincias.
“El ambiente glaciar y periglacial representa apenas el 0,4% del territorio, pero es clave para la seguridad hídrica”, sostuvo, y alertó sobre una posible “competencia a la baja” en los estándares ambientales para atraer inversiones.
Argumentos del Gobierno y el sector minero
El oficialismo justificó la modificación en la necesidad de impulsar el desarrollo económico a través de la minería, un sector que viene registrando un crecimiento sostenido en inversiones, especialmente en litio, cobre y oro.
Desde las empresas mineras, en tanto, sostienen que no todas las zonas periglaciales cumplen una función hídrica relevante, por lo que consideran viable avanzar con evaluaciones caso por caso que permitan compatibilizar producción y cuidado ambiental.
Rechazo ambientalista y antecedentes
La reforma generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de afectar reservas clave de agua y cuestionan que se prioricen intereses económicos por sobre derechos ambientales consagrados constitucionalmente.
Si bien no existe un registro actualizado de proyectos mineros en zonas glaciales y periglaciales, un informe oficial de 2016 identificó 44 iniciativas en esas áreas sobre un total de 77 relevadas.
Desde entonces, el crecimiento del sector fue significativo: en los últimos tres años, la cantidad de proyectos mineros en el país pasó de 160 a 325, lo que refuerza la preocupación sobre el impacto potencial de la nueva normativa.
Con la sanción definitiva, se abre una nueva etapa en la regulación ambiental y productiva, con las provincias como actores centrales en la definición del equilibrio entre desarrollo económico y protección de recursos naturales estratégicos.
