La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, convocó para el próximo 15 de julio una audiencia de “descubrimiento” en el marco del caso por la expropiación de YPF. El procedimiento judicial podría abrir la puerta a nuevos embargos contra activos del Estado argentino, incluidos Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central.
La audiencia, que se celebrará en la sala 12A del tribunal federal, fue solicitada por los fondos demandantes, encabezados por Burford Capital y Eton Park, que ya lograron una sentencia favorable por USD 16.000 millones en 2023. El objetivo es avanzar en la obtención de información sobre activos que podrían ser considerados “alter ego” del Estado argentino y, por lo tanto, embargables.
Una audiencia en un contexto de apelaciones
Según el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, el pedido busca presionar al Gobierno argentino para que cumpla el fallo o negocie una compensación. Maril recordó que el expresidente Alberto Fernández había apelado la condena, y que al asumir, Javier Milei optó por no ofrecer una garantía para continuar con la apelación, lo que habilitó los primeros embargos.
Uno de ellos fue sobre el 51% de las acciones de YPF, que están en manos del Estado a través del holding estatal. Esa orden fue apelada el 9 de julio por el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a Argentina, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
¿Qué está en juego?
El caso tiene su origen en la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La jueza Preska consideró en 2023 que el Estado argentino incurrió en una “mala praxis expropiatoria” al no lanzar una oferta pública de compra a los accionistas minoritarios, como establecían los estatutos de la empresa.
La apelación argentina fue acompañada de un pedido de “stay” —suspensión temporal del fallo—, pero todavía no se resolvió. Si la jueza lo rechaza y el país no ofrece garantías, podría declararse en desacato judicial, lo que afectaría su credibilidad en un momento en que busca reinsertarse en los mercados internacionales.
En paralelo, los demandantes insisten en investigar a organismos públicos y empresas estatales para demostrar que funcionan como extensiones del Estado, lo que facilitaría su embargo como compensación por la deuda.
La estrategia oficial
Desde la Casa Rosada insisten en que la defensa argentina será exclusivamente judicial, sin posibilidad de acuerdo extrajudicial. “No se negociará nada. La estrategia es 100% en el estrado de Preska”, repiten cerca del Presidente. Además, consideran que existen sectores internos que operan contra el país.
Según trascendió, el Gobierno también intentará que la administración de Joe Biden emita una opinión favorable, como ocurrió en una etapa anterior del proceso. “Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, subrayan fuentes oficiales.
