Diputados y exdiputados que integraron la comisión investigadora del caso $LIBRA anunciaron una serie de medidas políticas y judiciales luego de que se conocieran peritajes que revelan comunicaciones entre el empresario Mauricio Novelli, impulsor de la criptomoneda, y funcionarios cercanos al presidente Javier Milei.
Entre las iniciativas se incluyen pedidos de informes al Poder Ejecutivo, el impulso de interpelaciones a funcionarios y la denuncia contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusan de obstaculizar la investigación.
El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina por exintegrantes de la comisión que investigó el caso durante tres meses el año pasado.
Denuncias y pedidos de interpelación
El ex presidente de la comisión y diputado de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, sostuvo que los nuevos peritajes confirman las sospechas que la comisión había planteado en su informe final.
“Estamos frente a una estafa y a un hecho de corrupción millonario”, afirmó el legislador, quien aseguró que el lanzamiento del token “no fue improvisado” sino una acción “premeditada y coordinada”.
Entre las medidas anunciadas, los legisladores adelantaron que solicitarán formalmente que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, den explicaciones sobre las comunicaciones telefónicas mantenidas con Novelli.
Además, impulsarán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la propia Karina Milei para que brinden explicaciones ante el Congreso.
También exigirán el apartamiento del fiscal Taiano de la causa y presentarán una denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por presunto entorpecimiento de la investigación.
El rol del Congreso y la investigación
El exvicepresidente de la comisión investigadora, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, sostuvo que el objetivo de las medidas es garantizar el control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.
“Le estamos dando la oportunidad de que expliquen”, afirmó Marino, y agregó que el silencio del Gobierno frente a las acusaciones “los autoincrimina”.
Durante la conferencia también participó el exdiputado Oscar Agost Carreño, quien planteó interrogantes sobre el origen del contrato de 44 caracteres que el presidente difundió en su cuenta de la red social X (Twitter) para promocionar la criptomoneda.
Acusaciones por filtraciones y defensa del periodismo
En la conferencia también se denunciaron presiones contra periodistas que difundieron información sobre el caso.
Los legisladores cuestionaron la citación judicial a la periodista Natalia Volosin y advirtieron que podría afectar el secreto de las fuentes periodísticas protegido por la Constitución.
Además, anticiparon que impulsarán un pronunciamiento de repudio en la Cámara de Diputados frente a lo que consideran ataques del oficialismo contra la prensa.
Las conclusiones de la comisión $LIBRA
Los exintegrantes de la comisión investigadora sostienen que los nuevos peritajes confirman conclusiones incluidas en el informe final presentado el año pasado.
Entre ellas, que el presidente habría tenido un rol clave en la difusión del contrato utilizado para lanzar la criptomoneda.
Según ese documento, el mandatario “habría prestado una colaboración imprescindible para la realización de la maniobra”, al publicar un número de contrato que no era de acceso público.
También se señaló la existencia de vínculos previos entre el entorno presidencial y los impulsores del proyecto cripto.
Datos sobre el impacto de la criptomoneda
El informe de la comisión también contradijo declaraciones públicas del presidente sobre la cantidad de personas afectadas por la operación.
Mientras Milei había señalado en una entrevista con el periodista Jonatan Viale que solo cinco argentinos habrían participado en la operación, datos proporcionados por la plataforma de criptomonedas Ripio indicaron que al menos 1.329 ciudadanos argentinos operaron con el token.
Además, informes técnicos citados por los legisladores señalaron que más de 114.000 billeteras virtuales registraron pérdidas vinculadas con la criptomoneda.
Un caso con posibles consecuencias políticas
El informe final de la comisión también planteó que el Congreso de la Nación Argentina debería evaluar si el presidente incurrió en “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
Esa definición abre la puerta a eventuales iniciativas parlamentarias, entre ellas la posibilidad de impulsar un juicio político contra el mandatario.
