La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó los fallos que frenaron la aplicación de la nueva legislación, pero sostuvo que deben ser revisados por tribunales superiores. Jorge Macri y dirigentes libertarios promovieron acciones contra las magistradas.
La senadora Patricia Bullrich rechazó impulsar el juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por sus decisiones sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil y volvió a diferenciarse de dirigentes de La Libertad Avanza y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que promovieron acciones contra las magistradas.
La presidenta del bloque oficialista en el Senado dejó en claro que no comparte los fallos, pero planteó que las sentencias deben ser revisadas por las instancias judiciales correspondientes y no convertirse, por sí mismas, en motivos para remover a un juez.
“Yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil. Totalmente en contra”, afirmó Bullrich durante un Congreso Anticorrupción organizado por la asociación civil Río Paraná.
Luego marcó el límite de su posición. “Yo no les hago un juicio político por eso”, sostuvo, y argumentó que “la política debe evitar que los jueces sean perseguidos por sus sentencias”.
La definición introduce otro contrapunto dentro del oficialismo después de las diferencias que Bullrich había expresado por los cambios en materia de discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027.
Bullrich defendió la revisión judicial de los fallos
La senadora utilizó como ejemplo lo ocurrido con Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien había suspendido provisoriamente durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.
La magistrada intervino a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo y planteó la necesidad de determinar si existían las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para incorporar al sistema penal a adolescentes desde los 14 años.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó posteriormente la cautelar. El tribunal consideró que un juez no podía dejar sin efecto con alcance general una ley sancionada por el Congreso a través de una decisión provisoria y ordenó además revisar con urgencia la competencia de Pascual en el expediente.
Bullrich utilizó ese antecedente para fundamentar su rechazo al jury. “¿Por qué? Porque es su sentencia. ¿Y qué pasó? La Cámara se lo revocó. Es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia”, explicó.
Para la senadora, el mismo procedimiento debería aplicarse ahora con el fallo de Laura De Marinis en la Ciudad de Buenos Aires, que ya fue apelado por el Ministerio Público Fiscal.
“Hay que esperar, como se esperó en el caso de la jueza Pascual de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo Bullrich.
El fallo de De Marinis que abrió otra disputa
La controversia más reciente se originó con la decisión de Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad de Buenos Aires.
La magistrada declaró inconstitucional para un caso concreto el artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal, y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo. A diferencia de la resolución dictada por Pascual, el fallo porteño no suspendió la aplicación general de la ley.
El expediente se inició por un episodio ocurrido el 10 de septiembre. De acuerdo con la investigación, un grupo de jóvenes intentó robarle el teléfono a un hombre de 47 años. La víctima consiguió escapar y pidió ayuda a policías que se encontraban en la zona.
La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como robo simple en grado de tentativa, mientras que la defensa planteó la inconstitucionalidad del nuevo régimen para el adolescente de 14 años.
De Marinis consideró que aplicar la nueva edad de punibilidad en ese caso implicaba una medida regresiva en materia de derechos y fundamentó su decisión en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
También evaluó las características concretas del episodio y la situación del adolescente. Finalmente, dispuso su sobreseimiento.
La fiscalía apeló la resolución y solicitó tanto revocar el fallo como apartar a De Marinis del expediente. Entre sus cuestionamientos sostuvo que la sentencia no tendría fundamentación constitucional suficiente y que otorgaría un alcance excesivo a determinados estándares internacionales.
Jorge Macri avanzó contra la jueza y Bullrich tomó distancia
El fallo provocó una inmediata reacción del Gobierno porteño. Jorge Macri anunció que impulsaría el juicio político contra De Marinis y cuestionó públicamente la resolución.
El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, concretó posteriormente una presentación ante el Consejo de la Magistratura porteño para que se investigue la actuación de la jueza y se determine si corresponde avanzar con una acusación ante un Jurado de Enjuiciamiento.
También hubo cuestionamientos contra Pascual desde La Libertad Avanza. Entre ellos, el presidente partidario en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, respaldó el avance de un jury contra la magistrada bonaerense.
Bullrich tomó una posición diferente. Coincidió con las críticas al contenido de las decisiones judiciales, pero rechazó que la respuesta sea promover la destitución de las juezas.
La postura agrega así un nuevo punto de diferenciación política de la senadora, que durante las últimas semanas también cuestionó al Gobierno por la incorporación de modificaciones sobre discapacidad al Presupuesto 2027 sin que, según aseguró, hubieran sido discutidas previamente en la mesa política del oficialismo.
Esta vez, la discusión excede el contenido del nuevo Régimen Penal Juvenil y alcanza un debate institucional más amplio. Mientras distintos dirigentes impulsan acciones contra las magistradas que cuestionaron la aplicación de la norma, Bullrich plantea que el desacuerdo con una sentencia debe resolverse dentro del propio sistema judicial y mediante la revisión de los tribunales superiores.
