La senadora acordó con los bloques aliados eliminar del proyecto las modificaciones a la normativa sobre tierras rurales. El oficialismo mantuvo la sesión para avanzar con el resto de la iniciativa de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tras perder el respaldo de gobernadores y legisladores dialoguistas.
A menos de 24 horas de la sesión convocada para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo decidió retirar del texto el capítulo que modificaba la ley de Tierras. La definición fue acordada por la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los principales referentes de los bloques aliados, luego de que el Gobierno advirtiera que no contaba con los votos necesarios para aprobar ese apartado.
La decisión permitió mantener en pie la sesión prevista para este jueves a las 14 y encaminar la media sanción del resto de la iniciativa, mientras el capítulo vinculado a la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros quedó postergado para un futuro proyecto.
Los gobernadores aliados le quitaron respaldo al Gobierno
Durante la mañana del miércoles comenzaron a multiplicarse las señales de rechazo al capítulo que modificaba la ley de Tierras. El primero en pronunciarse fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quien luego se sumó su par de Neuquén, Rolando Figueroa. En el entorno del mandatario neuquino también generó malestar que Patricia Bullrich hubiera dado por descontado públicamente el acompañamiento de su espacio.
A esas posiciones se agregaron luego la senadora salteña Flavia Royón, alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, y el radical Daniel Kroneberger, quienes también anticiparon que no respaldarían el capítulo cuestionado.
Ni siquiera la última modificación impulsada por el oficialismo, que elevó del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, logró revertir el escenario.
Con los votos en retroceso y una movilización convocada frente al Congreso para rechazar la iniciativa, en La Libertad Avanza concluyeron que insistir con ese artículo implicaba exponerse a una derrota legislativa.
El acuerdo político para salvar la ley
Frente a ese escenario, Patricia Bullrich encabezó una reunión con representantes de los bloques dialoguistas en las oficinas de la UCR.
Del encuentro participaron, entre otros, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Maximiliano Abad por el radicalismo; Martín Goerling, Victoria Huala y Andrea Cristina por el PRO; Natalia Gadano, Sonia Rojas Decut, Beatriz Ávila, Flavia Royón, Edith Terenzi, Luis Juez, Bartolomé Abdala y la propia Bullrich.
Tras menos de una hora de conversaciones, sellaron un acuerdo: retirar el capítulo referido a la ley de Tierras y avanzar con el resto del proyecto.
En el oficialismo explicaron que la prioridad era preservar el bloque de aproximadamente 44 senadores que habitualmente acompañan las iniciativas del Gobierno.
“Entre todos decidimos retirarlo y postergarlo para más adelante”, señalaron al finalizar el encuentro. También aclararon que el debate sobre la reforma a la ley de Tierras podrá retomarse mediante un nuevo proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
Malestar con Federico Sturzenegger
La marcha atrás también dejó expuestas diferencias internas dentro del oficialismo.
En el entorno de Patricia Bullrich manifestaron malestar con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor de las modificaciones a la ley de Tierras.
Según señalaron, fue la propia senadora quien debió asumir la defensa pública del proyecto y enfrentar las críticas, incluso mediante una conferencia de prensa destinada a despejar cuestionamientos sobre la iniciativa, mientras que el ministro mantuvo un bajo perfil durante toda la discusión.
Incluso, reconocieron que Sturzenegger se enteró de la eliminación del capítulo a través de la cobertura periodística.
La polémica por las sesiones remotas
En paralelo al debate del proyecto, el Senado también enfrenta una discusión reglamentaria por los pedidos de participación remota presentados por la senadora Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama.
La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó ambas solicitudes mediante un decreto, aunque dejó en manos del cuerpo la decisión final sobre su habilitación.
La resolución volvió a abrir un frente de conflicto con Patricia Bullrich, quien cuestionó duramente la medida al considerar que el reglamento del Senado no puede modificarse mediante una decisión administrativa y sostuvo que cualquier cambio requiere una mayoría especial de dos tercios.
Desde Unión por la Patria, en cambio, sostienen que se trata de una cuestión vinculada al funcionamiento interno de la Cámara y que alcanza con una mayoría simple para aprobar la participación remota.
Las autoridades del Senado ya dejaron preparados los sistemas técnicos para ambas conexiones, a la espera de lo que resuelva el pleno durante la sesión.
Qué cambios mantiene el proyecto
Con la eliminación del capítulo sobre la ley de Tierras, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada conserva otras modificaciones impulsadas por el Gobierno.
Entre ellas, introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que impedían modificar durante décadas el uso de terrenos afectados por incendios, aunque mantiene la obligación de realizar tareas de restauración ambiental.
También incorpora modificaciones en materia de desalojos, ampliando la posibilidad de solicitar la restitución inmediata de inmuebles cuando exista un derecho verosímil, al tiempo que establece un plazo de hasta diez días para ofrecer soluciones habitacionales cuando haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
Además, modifica aspectos de la ley de expropiaciones, estableciendo una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública, incorporando la indemnización por lucro cesante cuando corresponda y fijando un límite máximo de 90 días para las ocupaciones temporarias anormales.
Con esas modificaciones, el oficialismo buscará este jueves obtener la media sanción del proyecto y enviarlo a la Cámara de Diputados, mientras deja pendiente para una etapa posterior el debate sobre la reforma de la ley de Tierras, el punto que terminó poniendo en riesgo toda la estrategia legislativa del Gobierno.
