La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó anoche 14 allanamientos en el marco de la investigación iniciada tras la difusión de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde se mencionan supuestos pagos de sobornos vinculados a la droguería Suizo Argentina.
Los procedimientos fueron solicitados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi. Según informaron fuentes judiciales, se allanaron las sedes de la ANDIS y de la droguería, donde personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen secuestró computadoras y documentación relativa a compras y licitaciones de medicamentos.
Uno de los operativos se realizó en la vivienda de Emmanuel Kovalivker, empresario de Suizo Argentina, ubicada en el barrio de Nordelta. Allí se incautaron anotaciones y sobres con más de 200 mil dólares, además de su teléfono celular. También se dispusieron allanamientos en domicilios de Spagnuolo y del ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, aunque en esos casos no se logró secuestrar los celulares buscados.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien pidió que el caso se encuadre bajo las figuras de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, infracción a la ley de ética pública y posible asociación ilícita.
El caso tomó notoriedad luego de la difusión en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming “Carnaval”. En esos audios, Spagnuolo afirmó que desde la droguería Suizo Argentina se exigían sobreprecios en la provisión de medicamentos y mencionó vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem —asesor de la Secretaría General de la Presidencia— y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
Spagnuolo, que fue abogado y allegado del presidente Javier Milei, sostuvo en las grabaciones que incluso había informado al mandatario sobre las irregularidades. Tras la difusión del caso, el Gobierno dispuso su desplazamiento de la ANDIS, aunque no emitió declaraciones sobre las acusaciones ni desmintió la veracidad de los audios.
Mientras la causa avanza bajo secreto de sumario, el juez Casanello y el fiscal Picardi ordenaron nuevos procedimientos que podrían extenderse durante la jornada.
