La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una nueva denuncia contra Nucleoeléctrica Argentina por la adquisición de un software administrativo cuyo costo rondaría los u$s7 millones. Según el sindicato, el valor abonado estaría muy por encima de los precios de mercado y podría configurar un caso de sobreprecio en una contratación pública realizada por la empresa estatal.
De acuerdo con la presentación, el sistema adquirido tendría un costo hasta diez veces superior al de soluciones similares disponibles en el mercado. En ese marco, ATE solicitó que se investigue el proceso de compra, se revise la documentación técnica que avaló la operación y se evalúe la eventual responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la decisión.
Pedido de auditoría y revisión del contrato
La denuncia fue presentada tanto ante los organismos de control internos de la compañía como ante instancias administrativas externas. Desde el gremio reclamaron la anulación del contrato y la realización de una auditoría integral sobre las compras recientes de la empresa, con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en los procedimientos de contratación.
Según ATE, el caso del software no sería un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de decisiones que merecen ser revisadas en profundidad en materia de gastos y criterios de adjudicación.
Antecedentes y nuevas sospechas
Este nuevo planteo se suma a una denuncia previa vinculada a una licitación del servicio de limpieza, también cuestionada por presuntos sobreprecios. En ese episodio, la contratación fue suspendida luego de que se detectaran diferencias significativas entre los valores ofertados y los costos históricos del servicio.
Desde el sindicato sostienen que estos antecedentes refuerzan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de la empresa.
El rol estratégico de Nucleoeléctrica
Nucleoeléctrica Argentina es una compañía clave del sector energético nacional, responsable de la operación de las centrales nucleares del país. En ese contexto, las denuncias reavivan el debate sobre el uso de fondos públicos, los procesos de contratación en empresas estatales y el rol de los organismos de control en un escenario de mayor escrutinio sobre el gasto del Estado.
Por el momento, la empresa no realizó comentarios públicos sobre la denuncia, mientras el planteo avanza en las instancias administrativas correspondientes.
