El gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur anticipó que avanzará judicialmente contra la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Desde la gestión que encabeza Gustavo Melella calificaron la medida como “un avasallamiento importante sobre la autonomía de la provincia” y confirmaron que ya se trabaja en una estrategia legal para revertir la decisión.
Fuentes de la administración fueguina señalaron que el objetivo es que la Dirección Provincial de Puertos recupere una “autonomía real y concreta” y ratificaron que el camino elegido será el judicial. “Vamos a ir a la Justicia”, afirmaron.
La pulseada por el control del puerto de Ushuaia
La intervención se conoció este miércoles, cuando se informó que la ANPYN asumirá por un año el control operativo de la principal terminal portuaria de la provincia, con asistencia de la Prefectura Naval Argentina. La decisión se tomó en plena temporada estival, en un momento de máxima actividad para el puerto, con cientos de recaladas de cruceros y miles de turistas que llegan a la capital fueguina desde distintos puntos del mundo.
Desde el organismo nacional justificaron la medida al señalar supuestas falencias detectadas en inspecciones recientes. Entre ellas, mencionaron faltantes de pilotes en uno de los sitios del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También aludieron a compromisos en la gestión administrativa y financiera, así como en condiciones básicas de seguridad operativa.
Además, la ANPYN sostuvo que no existiría un registro adecuado de ingresos y egresos y cuestionó la tercerización de servicios administrativos, al tiempo que afirmó que un 33% del presupuesto provincial destinado al puerto se habría utilizado para subsidios, dejando un porcentaje mínimo para obras y mejoras.
El rechazo del gobierno fueguino
Desde el Ejecutivo provincial rechazaron de plano esos argumentos. Aseguraron que “no hay una razón lógica u objetiva que amerite una intervención” y admitieron que, como en cualquier institución de gran escala, existen aspectos perfectibles, pero no al punto de justificar una medida de esta magnitud.
También pusieron el foco en el momento elegido para avanzar con la intervención. Remarcaron que el puerto de Ushuaia será el que más recaladas registre entre Argentina y Chile durante la temporada —cerca de 600—, que se encuentra plenamente operativo y que cumple un rol estratégico como principal puerta de entrada a la Antártida. Según indicaron, los plazos administrativos aún no estaban vencidos y existen “otras cuestiones de fondo” detrás de la decisión.
Aunque en algunos despachos provinciales se intuía que la medida podía concretarse, la confirmación “cayó como una bomba” en la provincia. No solo por el impacto político, sino también por lo que representa en términos económicos: el puerto es clave para el turismo de cruceros y para el tráfico marítimo hacia el continente blanco.
Un conflicto que escala en el plano político
En los días previos, el gobierno fueguino había difundido cifras que mostraban un desempeño récord de la terminal. Según esos datos, la temporada 2025–2026 proyecta superar los 173.000 pasajeros de cruceros registrados en 2023–2024, lo que fue presentado como una muestra del fortalecimiento de la infraestructura y del posicionamiento internacional de Ushuaia.
Tras oficializarse la intervención, Melella calificó la decisión como “un avance del Gobierno nacional” y cuestionó tanto la medida como sus fundamentos, al sostener que “no existe una justificación objetiva”. Reveló además que mantiene diálogo con el ministro del Interior, Diego Santilli, un dato que llamó la atención en el contexto de la tensa relación entre la provincia y la administración de Javier Milei.
El conflicto se inscribe en una relación ya deteriorada, que tuvo episodios de alta tensión durante la campaña legislativa de 2025 y se reavivó recientemente con la decisión del Gobierno nacional de aplicar arancel cero a la importación de celulares, una medida que impacta de lleno en la industria tecnológica fueguina amparada por el Subrégimen de Promoción Industrial.
Desde la provincia advierten que se trata de un modelo económico que choca con la defensa de la industria nacional. En ese marco, la judicialización de la intervención del puerto aparece como un nuevo capítulo de una disputa política, económica y estratégica que promete escalar en los próximos meses.
