El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires alcanzaron un acuerdo para transferir a la órbita de la Nación las instalaciones que el distrito porteño está finalizando en el predio de la cárcel federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Según el acta firmada entre ambas jurisdicciones, el traspaso se concretará durante el primer cuatrimestre de este año y permitirá avanzar con el desalojo de la cárcel de Villa Devoto, un reclamo histórico de los vecinos del barrio.
La firma del acuerdo se realizó esta semana y fue encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri. Desde el Ejecutivo porteño explicaron que la decisión de comunicarlo ahora coincidió con una visita oficial al predio para supervisar el avance de las obras, que ya alcanzan un 95% de ejecución.
Desde CABA sostienen que la finalización del complejo penitenciario permitirá ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, reducir la sobrepoblación en comisarías y alcaidías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal. La nueva cárcel tendrá capacidad para 2.240 detenidos y fue diseñada para trasladar a los internos que actualmente se encuentran alojados en Devoto, en línea con los convenios firmados entre Nación y Ciudad en 2018.
Mientras tanto, aún no está definido qué destino tendrá el predio de la cárcel de Devoto una vez concretado el traslado, aunque desde el gobierno porteño ratifican que el establecimiento será efectivamente desalojado.
La situación de los detenidos en comisarías
Durante la recorrida por el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, Jorge Macri destacó que la obra “está casi lista” y que será entregada a la Nación según lo acordado. El jefe de Gobierno estuvo acompañado por Giménez, el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia.
Según datos oficiales, actualmente hay 2.291 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad. De ese total, 409 ya cuentan con condena firme, 430 están imputados y 1.452 procesados. La mayoría se encuentra detenida por delitos contra la propiedad, aunque también hay casos vinculados a delitos contra las personas, la administración pública y la libertad.
El acuerdo firmado esta semana también contempla la posibilidad de ampliar la capacidad del sistema penitenciario federal mediante módulos adicionales en el complejo de Ezeiza, lo que permitiría sumar hasta 400 plazas permanentes ante la superpoblación carcelaria.
Un proyecto trabado durante años
Las obras en Marcos Paz estuvieron paralizadas durante cinco años por las tensiones políticas entre Nación y Ciudad durante las gestiones de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Recién se reanudaron en diciembre de 2024, tras un nuevo entendimiento orientado a aliviar la crisis de alojamiento en las dependencias policiales porteñas.
La inversión total de la etapa final superó los 100 mil millones de pesos y la inauguración formal del complejo está prevista para marzo. El establecimiento contará con cuatro unidades, áreas de salud, espacios educativos y de capacitación laboral, sectores deportivos y un esquema modular con patios y huertas.
El trasfondo: la transferencia penitenciaria
El traspaso de la cárcel de Marcos Paz se inscribe en un plan más amplio de la Ciudad para reducir la cantidad de detenidos en comisarías. En ese marco, la Legislatura porteña aprobó recientemente la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, una estructura propia que apunta a garantizar la custodia de detenidos y aplicar políticas de reinserción social.
Junto con la nueva Ley de Ejecución de la Pena, el objetivo es avanzar hacia la transferencia de competencias penitenciarias desde la Nación hacia la Ciudad, un proceso que aún se encuentra en negociación y que implicaría también el envío de fondos nacionales. Por ahora, el acuerdo alcanzado se limita a la entrega de las instalaciones de Marcos Paz, mientras continúan las conversaciones para definir el futuro del sistema penitenciario porteño.
