El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo independiente y que todas sus competencias pasarán a la órbita del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, y se inscribe en el proceso de reorganización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei.
Según explicó Adorni, la ANDIS —creada en 2017 para coordinar políticas públicas en materia de discapacidad— acumuló con el tiempo “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. En ese marco, sostuvo que la absorción por parte de Salud permitirá ordenar la gestión, aplicar criterios sanitarios en la administración de las prestaciones y avanzar con auditorías permanentes.
El funcionario subrayó que la medida no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones para las personas con discapacidad, un punto sensible en un contexto de ajuste y revisión del gasto público. Además, detalló que la reestructuración contempla la eliminación de 16 cargos políticos y una reducción cercana al 46% en la estructura jerárquica del organismo.
El anuncio se produce en medio de cuestionamientos e investigaciones internas por presuntas irregularidades administrativas en la ANDIS, lo que el Gobierno utiliza como argumento central para justificar la decisión. Desde el Ejecutivo aseguran que la concentración de funciones en el Ministerio de Salud permitirá mayor control, trazabilidad de los recursos y una política más integrada.
Defensa del protocolo antipiquetes y críticas a la provincia de Buenos Aires
En la misma conferencia, Adorni confirmó que el Ministerio de Seguridad apelará la resolución judicial que busca dejar sin efecto el protocolo antipiquetes. El jefe de Gabinete defendió la medida al afirmar que durante años “se naturalizó que los argentinos vivieran condicionados por cortes y bloqueos”, y aseguró que el protocolo cuenta con un amplio respaldo social.
Para el Gobierno, la libre circulación es un derecho prioritario y el protocolo es una herramienta central para garantizar el orden en el espacio público. En ese sentido, anticipó que el Ejecutivo sostendrá su vigencia en todas las instancias judiciales necesarias.
Adorni también volvió a apuntar contra la provincia de Buenos Aires al denunciar deudas millonarias con los hospitales SAMIC. Según precisó, el pasivo acumulado asciende a 507.064 millones de pesos, y afirmó que actualmente seis hospitales de gestión compartida están siendo financiados exclusivamente por el Estado nacional. En ese marco, cuestionó las prioridades del gobierno bonaerense y reclamó que los recursos provinciales se destinen de manera prioritaria al sostenimiento del sistema de salud.
Transparencia tributaria y refuerzo en defensa
Durante su exposición, el jefe de Gabinete anunció además la puesta en marcha del Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una plataforma que concentrará información impositiva de municipios de todo el país. El objetivo, explicó, es facilitar el acceso ciudadano a los datos sobre tasas y tributos locales y promover una mayor transparencia fiscal en los gobiernos municipales.
En materia de defensa, informó que el Gobierno aprobó un contrato de financiamiento con una entidad bancaria francesa para la adquisición de cuatro helicópteros AW 109, que estarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa y serán operados por la Armada Argentina, con el objetivo de reforzar las tareas de vigilancia y control del espacio marítimo.
Con estos anuncios, la Casa Rosada profundiza su agenda de reordenamiento del Estado, combinando recortes de estructuras administrativas, defensa de políticas de seguridad y nuevas iniciativas orientadas —según el discurso oficial— a la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
