El oficialismo logró en la madrugada de este jueves aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal, aunque no consiguió su objetivo central de derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. El texto con media sanción será girado ahora al Senado de la Nación, donde La Libertad Avanza intentará revertir el traspié legislativo.
Se trata del primer presupuesto aprobado durante la gestión de Javier Milei, luego de dos años de prórrogas del esquema de gastos e ingresos de 2023. Para la votación en general, el oficialismo contó con el respaldo del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, el MID, bloques provinciales y legisladores que responden a gobernadores aliados como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Marcelo Orrego (San Juan).
En la vereda opuesta, Fuerza Patria, Encuentro Federal y la izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo, aunque tuvo un rol clave para alcanzar el quórum inicial.
El artículo 75, el punto de quiebre
El mayor conflicto se produjo en la votación en particular, cuando varios aliados del Gobierno se negaron a acompañar el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Ese rechazo incluyó a legisladores de Catamarca, Tucumán, Salta, Neuquén y al bloque Provincias Unidas, además de una UCR fragmentada.
Para evitar esa fuga de apoyos, el oficialismo impulsó que la votación se realizara por títulos completos y no artículo por artículo, una maniobra que generó fuertes críticas de la oposición. “Votar por títulos nos impediría expresarnos de forma nítida”, advirtió Pablo Juliano, de Provincias Unidas. Aun así, la moción fue aprobada por 130 votos contra 112.
Finalmente, el capítulo que incluía el artículo 75 fue rechazado por 123 votos contra 117, lo que permitió sostener las leyes de discapacidad y universidades y dejó al oficialismo pagando el costo político de la estrategia parlamentaria.
Los números del Presupuesto y las críticas
El Presupuesto 2026 aprobado en general prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar oficial de $1.423 para diciembre del próximo año. El Gobierno proyecta un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, además de un crecimiento de exportaciones del 10,6%. También elimina las metas de financiamiento mínimo en educación, ciencia y defensa.
Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de esas proyecciones. “Van a votar un presupuesto injusto, ilusorio y ficticio”, sostuvo Maximiliano Ferraro, mientras que Agustín Rossi advirtió que el plan “implica más ajuste, caída del consumo y destrucción del entramado industrial”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, defendió el texto y afirmó que “bajar el gasto público es un principio moral” y una condición necesaria para reducir impuestos y sostener el equilibrio fiscal.
Negociaciones con gobernadores y tensión política
Durante las semanas previas a la sesión, la Casa Rosada reforzó el vínculo con gobernadores aliados mediante la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que incluyeron $66.000 millones para Tucumán, Misiones y Chaco. También se puso sobre la mesa la eventual reforma de la Ley de Glaciares para atraer apoyos de provincias del sur.
A último momento, el ministro del Interior Diego Santilli se comprometió a incluir en el Presupuesto los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que destrabó el acompañamiento del PRO en la votación general.
Polémica por la AGN
Tras la aprobación de Inocencia Fiscal, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, propuso avanzar con la designación de los representantes de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN). La iniciativa provocó la retirada del recinto de bloques como Provincias Unidas, el PRO y la UCR, que denunciaron un acuerdo entre el oficialismo, el peronismo y gobernadores del norte.
Bornoroni impulsó los nombres de Mónica Almada (LLA), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y la salteña Pamela Calletti, lo que abrió un nuevo foco de conflicto político en una sesión marcada por negociaciones al límite y un resultado legislativo agridulce para el Gobierno.
