El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, reclamó que los fondos nacionales adeudados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean incorporados al próximo Presupuesto nacional que el Congreso debatirá en sesiones extraordinarias. El mandatario porteño denunció además que desde agosto la Casa Rosada comenzó a incumplir el mecanismo de “goteo” diario que el Ministerio de Economía había acordado con la ciudad para ejecutar la sentencia.
“Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto. Lo he hablado con todos los diputados de la Comisión de Presupuesto y es uno de los requerimientos que tenemos”, afirmó Macri en declaraciones televisivas.
El tema será planteado este martes en la reunión que el jefe de Gobierno mantendrá con el ministro Luis “Toto” Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para discutir la puesta al día de los pagos atrasados, que ya acumulan tres meses de demora.
Desde la sede de Uspallata informaron que “a partir de agosto los pagos comenzaron a ralentizarse”, y que el Gobierno nacional adeuda actualmente unos 274.000 millones de pesos a la Ciudad por este concepto. La intención de Macri es que, más allá de la urgencia por reactivar el flujo de fondos, el Presupuesto 2026 incluya una partida específica para saldar la deuda.
En una entrevista con LN+, Macri relativizó el conflicto pero insistió en la importancia institucional del tema:
“Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el Gobierno nacional, entonces algún atraso es aceptable. Pero cumplir o incumplir un fallo de la Corte Suprema no es un dato menor”, advirtió.
Según fuentes del gobierno porteño, el monto global adeudado asciende a unos 6.000 millones de dólares, una cifra que consideran imposible de cancelar en el corto plazo. Por ello, la estrategia de la Ciudad apunta a una negociación política más amplia, que podría incluir la transferencia de bienes nacionales.
Entre las alternativas mencionadas aparece nuevamente el reclamo por la transferencia del Puerto de Buenos Aires, una aspiración histórica del PRO. Sin embargo, en el entorno de Macri admiten que la iniciativa tiene pocas chances: “No lo hizo Mauricio, menos lo va a hacer Javier Milei”, reconocieron fuentes del Ejecutivo local.
El vínculo entre Macri y el presidente Javier Milei atraviesa una etapa de distensión luego de meses de distancia política. Tras el cruce público que protagonizaron durante el Tedeum del 25 de mayo, ambos mandatarios recompusieron la relación en una reunión con gobernadores en la Casa Rosada. Ese acercamiento coincidió con la designación de Diego Santilli —exdiputado del PRO y actual ministro del Interior— como interlocutor con los mandatarios provinciales, un dato que facilitó el diálogo.
Durante su exposición televisiva, Macri también defendió la posición fiscal de la Ciudad:
“Buenos Aires es la jurisdicción que más aporta al país, veintidós veces más de lo que recibe en coparticipación. Somos ricos porque generamos riqueza, pero somos los más solidarios con el país”, aseguró.
El origen del conflicto
La disputa por la coparticipación se remonta a septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández resolvió reducir la asignación de recursos a la Ciudad para financiar al gobierno bonaerense de Axel Kicillof en medio del reclamo salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La decisión derivó en una presentación judicial del Gobierno porteño, que finalmente obtuvo un fallo favorable de la Corte.
El máximo tribunal estableció que la Nación debía restituir los fondos y fijó una alícuota del 1,55% del total de la coparticipación federal para la Ciudad, a ser transferida mediante un mecanismo de acreditaciones diarias. Ese “goteo” es el que desde agosto presenta retrasos, generando nuevamente una deuda acumulada y un foco de tensión política.
Mientras el PRO busca incluir el tema en la discusión presupuestaria —donde cuenta con entre 12 y 15 diputados y cuatro senadores clave para la votación—, la administración de Macri apuesta a mantener una relación institucional con el Gobierno nacional sin renunciar al reclamo judicial ni a la vía política para resolverlo.
