El Gobierno de Javier Milei planea avanzar antes de fin de año con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), mediante una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% de sus acciones. El objetivo oficial es que, dentro de un año, el control operativo de la empresa estatal quede en manos de un operador privado.
Entre los cambios regulatorios que se impulsarán para hacer más atractiva la concesión se encuentran la posibilidad de cortes de suministro a usuarios residenciales con deudas, ajustes trimestrales de tarifas en función de la inflación y el traslado del costo de nuevas obras a las facturas de los usuarios.
La venta implicará que un privado asuma el control operativo de la concesión, mientras que los activos permanecerán en propiedad del Estado. El 90% de las acciones de AySA están actualmente en manos del Estado, mientras que el 10% pertenece a sus trabajadores.
Según fuentes oficiales involucradas en el proceso, luego de la licitación inicial se lanzará una Oferta Pública Inicial (IPO, por su sigla en inglés) con el remanente de acciones estatales, que pasará a cotizar en la Bolsa. Por ejemplo, si se licita el 51%, el 39% restante quedará disponible para el mercado bursátil.
Para fomentar el interés inversor, el Gobierno inició una serie de roadshows con la Corporación Financiera Internacional, organismo del Banco Mundial, y ya se contactó con empresas que participan de licitaciones en Brasil y podrían competir por el control de AySA en caso de quedar fuera de ese mercado.
La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, siendo la segunda operadora más grande de América Latina. Según datos del INDEC, AySA cuenta actualmente con unos 6.200 empleados, lo que representa una reducción del 20% respecto de los niveles previos a la actual gestión.
El proceso de privatización se da luego de que la empresa alcanzara en 2023 un superávit operativo de $48.288 millones —el primero desde 2007—, impulsado por un fuerte aumento en las tarifas, que desde diciembre de 2023 crecieron un 362% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet).
Desde su reestatización en 2006, AySA recibió aportes del Tesoro Nacional por un total estimado en USD 13.400 millones, de acuerdo con cifras oficiales.
