El diputado bonaerense Oscar Liberman propuso reemplazar el impuesto por un tributo al consumo final, con una alícuota máxima del 6,25%. La reforma contempla una transición de cinco años y mecanismos para preservar la recaudación provincial y municipal.
El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un proyecto de ley para eliminar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires y sustituirlo por un nuevo gravamen que se aplicaría exclusivamente sobre la venta final de bienes y servicios. La iniciativa propone una transformación gradual del sistema tributario provincial, con un plazo máximo de cinco años para completar su implementación.
La propuesta contempla la creación del Impuesto Provincial al Consumo Final (IPCF), que reemplazaría progresivamente a Ingresos Brutos y tendría una alícuota general máxima del 6,25%.
El objetivo, según los fundamentos del proyecto, es evitar que los impuestos se acumulen durante las distintas etapas de producción y comercialización, un mecanismo que encarece los costos empresariales y puede trasladarse al precio que pagan los consumidores.
La iniciativa también incorpora medidas para sostener la recaudación provincial, garantizar los recursos destinados a los municipios y establecer tratamientos diferenciados para determinados bienes y servicios esenciales.
Cómo funcionaría el impuesto que reemplazaría a Ingresos Brutos
El principal cambio propuesto por Liberman consiste en modificar la etapa de la actividad económica sobre la que se aplica el tributo.
Actualmente, Ingresos Brutos grava distintas operaciones a lo largo de la cadena productiva y comercial, lo que puede generar una acumulación de cargas impositivas sobre un mismo producto.
Con el nuevo sistema, el impuesto se cobraría una sola vez, cuando el bien o servicio llegue al consumidor final.
De esta manera, las operaciones entre empresas destinadas a continuar procesos de producción, transformación o comercialización quedarían excluidas del IPCF.
Para identificar esas transacciones, el proyecto establece la creación de un Certificado de Reventa Digital, que permitiría acreditar que una compra está destinada a una posterior comercialización o transformación y no al consumo final.
Liberman cuestionó el funcionamiento del régimen vigente y sostuvo que representa un obstáculo para la competitividad bonaerense.
“Ingresos Brutos es uno de los impuestos más distorsivos que tenemos. Castiga la producción, encarece los bienes y servicios y perjudica especialmente a las empresas que necesitan competir con productos de otras provincias o del exterior”, afirmó.
Según el legislador libertario, la acumulación del gravamen a lo largo de la cadena productiva genera costos que finalmente se incorporan al precio de venta.
La reforma busca, por lo tanto, modificar la estructura de recaudación sin eliminar los recursos que actualmente obtiene la provincia mediante ese impuesto.
La alícuota máxima sería del 6,25% y habría beneficios para productos esenciales
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la determinación de la alícuota necesaria para sostener los ingresos fiscales.
Los cálculos incorporados en los fundamentos del proyecto, elaborados a partir de información correspondiente a 2025, estiman que una tasa del 6,11% permitiría mantener la recaudación provincial.
No obstante, el texto establece un límite general del 6,25%, que no podría superarse bajo el nuevo régimen.
Estas estimaciones forman parte de la fundamentación presentada por el legislador y deberán ser evaluadas durante el tratamiento parlamentario.
El proyecto también contempla tratamientos especiales para determinados consumos considerados esenciales.
Entre ellos, propone una alícuota reducida para medicamentos, insumos sanitarios y transporte público, además de mecanismos de reintegro focalizados para hogares de menores ingresos.
La intención es que el cambio de sistema tributario no genere un impacto desproporcionado sobre los sectores más vulnerables.
La eliminación de Ingresos Brutos sería gradual durante cinco años
La propuesta no contempla una eliminación inmediata del impuesto vigente, sino un proceso de sustitución progresiva.
El proyecto establece un plazo máximo de cinco años para completar la transición hacia el Impuesto Provincial al Consumo Final.
Durante ese período, las actividades económicas se incorporarían gradualmente al nuevo régimen.
La iniciativa dispone que, cada año, deberán ingresar al IPCF sectores que representen al menos el 20% de la recaudación de Ingresos Brutos correspondiente al ejercicio anterior.
Una vez que una actividad quede incorporada al nuevo esquema, dejará de tributar el impuesto vigente.
Además, se establece expresamente que una misma operación no podrá quedar alcanzada simultáneamente por Ingresos Brutos y el IPCF, con el objetivo de evitar una doble carga tributaria durante la transición.
Liberman defendió el mecanismo gradual y aseguró que busca garantizar previsibilidad para los contribuyentes y para la administración provincial.
“No estamos proponiendo una medida improvisada ni un salto al vacío. Planteamos una transición ordenada, con reglas claras y mecanismos para preservar los recursos públicos”, sostuvo.
El legislador remarcó que el objetivo es avanzar hacia un esquema tributario más eficiente sin comprometer el funcionamiento del Estado.
Qué pasaría con los saldos a favor de Ingresos Brutos
Otro aspecto contemplado en el proyecto es la situación de los contribuyentes que mantienen créditos fiscales acumulados bajo el régimen actual.
La iniciativa establece que esos saldos a favor deberán ser reconocidos durante el proceso de sustitución del impuesto.
Los contribuyentes podrían utilizarlos para compensar otras obligaciones tributarias o solicitar su devolución, de acuerdo con los procedimientos que establezca la normativa.
La medida busca evitar que las empresas y los trabajadores alcanzados por el tributo pierdan créditos fiscales como consecuencia de la eliminación progresiva de Ingresos Brutos.
Este punto forma parte de los mecanismos previstos para facilitar la transición y reducir posibles conflictos administrativos entre los contribuyentes y el organismo recaudador provincial.
Los municipios mantendrían la coparticipación y tendrían un fondo compensador
La reforma también aborda uno de los aspectos más sensibles del sistema tributario bonaerense: el financiamiento de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto propone incorporar el IPCF a la masa de recursos coparticipables, de manera que los gobiernos locales continúen recibiendo fondos provenientes de la recaudación provincial.
Además, establece la creación de un Fondo de Compensación Municipal, destinado a asistir a los distritos que pudieran experimentar una reducción de ingresos durante los primeros años de implementación.
Este mecanismo funcionaría durante los primeros tres años de vigencia del nuevo sistema.
La iniciativa también prevé instancias periódicas de seguimiento y evaluación de sus efectos fiscales y económicos, con participación de organismos provinciales, especialistas y representantes de distintos sectores.
El objetivo es monitorear la evolución de la recaudación y detectar posibles desequilibrios durante el proceso de transición.
El proyecto abre un nuevo debate tributario en la Legislatura bonaerense
La propuesta de Liberman introduce una discusión sobre la estructura impositiva de la provincia de Buenos Aires y el impacto de Ingresos Brutos sobre la actividad económica.
Desde La Libertad Avanza sostienen que la sustitución del gravamen permitiría mejorar las condiciones para producir, invertir y generar empleo.
“La provincia de Buenos Aires tiene un enorme potencial productivo, pero necesita un sistema tributario que acompañe su desarrollo en lugar de obstaculizarlo”, afirmó el diputado.
Sin embargo, la viabilidad de la reforma dependerá de su tratamiento legislativo y de la evaluación de sus consecuencias fiscales.
Uno de los principales puntos de discusión será si el nuevo impuesto puede garantizar una recaudación equivalente a la actual, especialmente durante los años de transición.
También deberá analizarse su impacto sobre los precios finales, la administración tributaria y los recursos que reciben los municipios.
Por el momento, Ingresos Brutos continúa vigente en la provincia de Buenos Aires. Su eventual eliminación dependerá de la aprobación del proyecto y de la posterior implementación del nuevo régimen.
La iniciativa plantea así un cambio estructural en el sistema impositivo bonaerense, con la intención de reemplazar un tributo aplicado sobre distintas etapas de la actividad económica por otro concentrado exclusivamente en el consumo final.
