La Casa Rosada ampliará las acciones judiciales contra empresas y personas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas. También busca impedir que compañías involucradas accedan al RIGI o participen de proyectos como Vaca Muerta.
El Gobierno de Javier Milei profundizará su ofensiva judicial y económica contra las empresas que participan de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El Ejecutivo anticipó que ampliará las denuncias existentes y avanzará con nuevas acciones contra compañías y personas que, según su posición, desarrollan actividades sin autorización argentina y en incumplimiento de la Ley 26.659.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que la estrategia no estará limitada a las empresas involucradas. También alcanzará a proveedores, directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en decisiones vinculadas con las operaciones cuestionadas.
“Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas”, sostuvo Ravier.
El Gobierno busca bloquear negocios con empresas vinculadas a Malvinas
Uno de los principales instrumentos de la estrategia oficial será impedir que las compañías vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en Malvinas puedan realizar determinados negocios con el Estado argentino.
“Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino”, afirmó Ravier.
La medida podría afectar también el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la participación en proyectos estratégicos como Vaca Muerta.
La primera denuncia de esta nueva etapa fue presentada contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas. El Gobierno sostiene que esas firmas participan de actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización de las autoridades argentinas.
Sea Lion, el proyecto que aceleró la respuesta oficial
Uno de los principales focos de la disputa es Sea Lion, un proyecto offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas y vinculado a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
Las empresas avanzaron con el desarrollo del proyecto y prevén iniciar la extracción de crudo en 2028. Para el Gobierno argentino, el comienzo de la producción representaría un cambio de escala en la disputa, porque implicaría la extracción efectiva de recursos naturales que Argentina considera propios.
Ravier justificó la urgencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en ese escenario.
“Si no hacíamos algo inmediatamente, no lo íbamos a poder detener”, sostuvo el vocero.
La estrategia oficial apunta así a elevar los costos legales y económicos para las empresas que participen del proyecto y, al mismo tiempo, extender las restricciones a toda la cadena de proveedores y personas involucradas.
Nuevas reglas para acceder al RIGI
El Gobierno también modificó el esquema regulatorio mediante el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y estableció mecanismos para detectar e informar posibles incumplimientos.
Además, se incorporaron declaraciones juradas para empresas que pretendan operar en el sector hidrocarburífero argentino o acceder al RIGI.
El objetivo planteado por la Casa Rosada es evitar que una compañía vinculada con operaciones petroleras en Malvinas pueda beneficiarse simultáneamente de los instrumentos de promoción ofrecidos por el Estado argentino.
“No va a poder participar de la explotación de Vaca Muerta”, remarcó Ravier.
Según explicó el vocero, algunas grandes empresas proveedoras de la industria ya emitieron comunicados para despegarse del proyecto Sea Lion y evitar quedar alcanzadas por las nuevas restricciones.
El Gobierno también acelera la Base Naval Integrada de Ushuaia
En paralelo con las medidas contra las petroleras, el Ejecutivo avanza con el proyecto de Base Naval Integrada de Ushuaia, que forma parte de su estrategia sobre el Atlántico Sur.
Ravier señaló que la instalación tendrá funciones logísticas y militares y que será utilizada para reforzar la presencia argentina en la región, el control de los recursos naturales y el apoyo a las operaciones en la Antártida.
La base contará, según detalló el Gobierno, con capacidad de apoyo para la vigilancia aérea y naval, incluyendo el empleo de aviones de patrulla marítima P-3 Orion y los nuevos F-16.
El proyecto también contempla la construcción de muelles comerciales y civiles para ampliar la capacidad portuaria de la zona y reducir las demoras que enfrentan actualmente los buques para amarrar.
Según Ravier, la infraestructura tendrá además importancia para la protección de objetivos estratégicos ubicados en el sur argentino, entre ellos Vaca Muerta.
Una estrategia que combina presión judicial, económica y diplomática
La ofensiva sobre las empresas petroleras forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno en torno a la cuestión Malvinas.
La Casa Rosada combina herramientas judiciales, económicas, diplomáticas y regulatorias, mientras la Cancillería envía notas de desaliento a empresas y países vinculados con proyectos hidrocarburíferos en la zona.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa un endurecimiento del régimen sancionatorio de la Ley 26.659 y mantiene procedimientos administrativos contra empresas, accionistas, directivos y proveedores.
El Gobierno busca de esta manera trasladar la presión más allá de las compañías que explotan directamente los recursos y alcanzar a toda la cadena vinculada con las operaciones.
La estrategia oficial tiene como objetivo elevar el costo de participar en proyectos hidrocarburíferos en Malvinas y reforzar el reclamo argentino de soberanía, mientras avanza en paralelo con una mayor presencia logística y militar en el Atlántico Sur.
