La Cámara de Diputados emplazó a las comisiones para que traten cerca de 50 proyectos destinados a aliviar la situación de millones de personas endeudadas y también para prorrogar la Emergencia en Discapacidad. El oficialismo acompañó ambas votaciones, pese a haber intentado frenar la sesión. Ahora los bloques deberán acordar un texto común.
La oposición consiguió este miércoles avanzar con dos temas sensibles en la Cámara de Diputados: el tratamiento de la Emergencia en Discapacidad y una batería de iniciativas para atender el sobreendeudamiento de las familias. En ambos casos, logró reunir 249 votos para emplazar a las comisiones correspondientes y fijar fechas para avanzar con los dictámenes.
El resultado tuvo un condimento particular: el oficialismo, que hasta el día anterior había buscado impedir que la sesión se realizara, terminó acompañando las iniciativas una vez que se reunió el quórum. Minutos después de iniciada la sesión también se incorporaron al recinto sus principales aliados parlamentarios, la UCR y el PRO.
Superada la primera instancia, la oposición avanzó con el objetivo central de la jornada: obligar a las comisiones a tratar los proyectos que permanecían pendientes.
El oficialismo acompañó el emplazamiento
El primer cruce se produjo cuando Juan Marino, de Unión por la Patria, pidió emplazar a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para que avancen con la prórroga de la emergencia.
El jefe del bloque libertario, Javier Bornoroni, cuestionó la necesidad de llevar el tema al recinto. “Resulta extraño”, planteó, al señalar que la comisión ya estaba trabajando y que había presentado un cronograma similar al propuesto por la oposición, con el 23 de septiembre como fecha para emitir dictamen.
“Creemos que tenemos que dar el debate. Es importante. Vemos que algunos diputados y bloques no están a la altura de las circunstancias y lo utilizan de manera política”, sostuvo el cordobés.
Sin embargo, cuando llegó el momento de votar, el emplazamiento reunió 249 votos positivos. Los propios diputados libertarios acompañaron la propuesta e incluso aplaudieron el resultado.
El desenlace contrasta con la posición que había adoptado el Gobierno un año atrás, cuando Javier Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad e intentó posteriormente derogar sus efectos a través del Presupuesto. La normativa también terminó judicializada por el Poder Ejecutivo.
Ahora deberán ponerse de acuerdo sobre el endeudamiento
Luego llegó el turno de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, que deberán tratar la aproximadamente cincuentena de proyectos presentados para atender el endeudamiento familiar.
Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y el radical Pablo Juliano defendieron el emplazamiento. Juliano propuso que los dictámenes estén listos el 29 de septiembre a las 14.
Bornoroni volvió a cuestionar la necesidad de recurrir al recinto, pero nuevamente el oficialismo terminó acompañando el cronograma. La votación volvió a reunir 249 votos positivos, aunque esta vez hubo una excepción: el diputado santacruceño José Luis Garrido votó en contra.
El resultado representa ahora un desafío para la propia oposición. Hay cerca de 50 iniciativas diferentes y los bloques deberán conseguir un consenso para evitar que el debate termine diluyéndose entre propuestas incompatibles.
La discusión adquiere además una dimensión política en pleno clima electoral. Una falta de acuerdo podría dejar sin respuesta legislativa a millones de personas que atraviesan problemas de endeudamiento.
Para reducir las diferencias, los bloques acordaron priorizar en comisión aquellos proyectos que no impliquen costo fiscal. La estrategia busca acotar el universo de iniciativas y, al mismo tiempo, evitar que el Poder Ejecutivo pueda rechazar una eventual ley con el argumento de que su implementación requiere recursos que el Estado no tiene.
Qué proponen los proyectos sobre endeudamiento
Entre las iniciativas presentadas hay propuestas con enfoques muy diferentes.
Un proyecto impulsado por Victoria Tolosa Paz busca abordar el sobreendeudamiento de personas que cobran prestaciones de ANSES a través de billeteras digitales. Plantea que las decisiones tomadas mediante sistemas automatizados tengan mecanismos de revisión humana y que los datos utilizados para determinar la capacidad de pago estén sujetos a reglas de protección.
También establece un límite para la tasa de interés compensatorio, tomando como referencia el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales publicado por el Banco Central. Ese límite no podría ser eludido mediante comisiones, seguros, cargos u otros conceptos.
La iniciativa además exige que el Costo Financiero Total sea informado antes de la contratación de manera visible, clara y comprensible.
Otro de sus puntos centrales es la protección de prestaciones de carácter alimentario, como la AUH, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. El proyecto establece que esos fondos no puedan ser afectados mediante débitos automáticos o mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, aunque mantiene la posibilidad de realizar pagos voluntarios y expresos.
Por su parte, un sector de Unión por la Patria encabezado por Lucía Cámpora propone crear un régimen específico de reestructuración de deudas mediante una plataforma digital administrada por el Estado. El sistema centralizaría y facilitaría acuerdos obligatorios entre deudores particulares y acreedores financieros.
La Izquierda, en tanto, plantea declarar por dos años la emergencia crediticia de las familias y establecer un régimen de refinanciación obligatoria para deudas vinculadas con consumos de primera necesidad, como alimentos, salud y servicios.
La propuesta contempla auditorías integrales para eliminar intereses considerados abusivos y consolidar las deudas de consumo en un único plan de pagos administrado por un fondo fiduciario.
El radical Pablo Juliano apunta específicamente a las prácticas de las empresas fintech. Su proyecto establece estándares mínimos de transparencia, responsabilidad e inclusión financiera y busca regular los denominados “patrones oscuros” y mecanismos de gamificación.
Entre otras medidas, propone prohibir interfaces diseñadas para ocultar el costo real del crédito, incentivar un endeudamiento acelerado o presionar a los usuarios mediante notificaciones permanentes de créditos preaprobados.
El socialista Esteban Paulón, por su parte, presentó cuatro proyectos. Uno de ellos también pone el foco en las fintech y propone que sean reguladas y supervisadas por el Banco Central, con un piso mínimo para garantizar un otorgamiento responsable de crédito.
La iniciativa contempla límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento, consentimiento explícito antes de ofrecer créditos o realizar débitos automáticos y la prohibición de prácticas discriminatorias.
Emergencia en Discapacidad: qué se discute
El segundo gran eje de la jornada fue la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado y con vencimiento previsto para el 31 de diciembre.
La propuesta impulsada por Juan Marino y respaldada por los bloques opositores busca extender la emergencia durante un año más, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo incumplió distintos aspectos de la normativa.
Sin embargo, existe una discusión jurídica sobre qué ocurriría si la prórroga no fuera aprobada.
La interpretación de Marino y de las organizaciones de discapacidad que impulsaron la ley es que lo que finalizaría en diciembre sería únicamente el período de emergencia y, con él, la discrecionalidad otorgada al Poder Ejecutivo para asignar recursos destinados al sistema de discapacidad.
Según esa lectura, el resto de los capítulos de la norma continuaría vigente porque modifica leyes existentes o establece medidas de carácter permanente.
Entre esas disposiciones se encuentra la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones de acuerdo con la inflación, uno de los puntos considerados centrales por las organizaciones del sector.
Los impulsores de la prórroga comparan la situación con la Ley Bases, sancionada en 2024. En aquella norma, el artículo 1 declaró por un año la emergencia administrativa, económica, financiera y energética, mientras que las restantes reformas estructurales mantuvieron su vigencia.
La discusión, por lo tanto, no se agota en la fecha de vencimiento de la emergencia. Si Diputados avanza con la prórroga, el Congreso deberá definir además qué alcance tendrá la normativa y cómo quedarán las disposiciones que exceden el período formal de emergencia.
