El juez federal Ariel Lijo aceptó como querellantes a Victoria Tolosa Paz y Ricardo Quintela y ordenó una batería de medidas sobre la administración del fideicomiso vial. La investigación busca determinar qué ocurrió con los fondos recaudados mediante el impuesto a los combustibles y cuál es el estado de las obras denunciadas como paralizadas.
El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con nuevas medidas de prueba en la causa conocida como “SisVial” y aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.
La investigación apunta a determinar cómo fueron administrados los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso que se nutre del impuesto a los combustibles y cuyos fondos tienen como destino la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas nacionales.
Según fuentes judiciales, uno de los principales objetivos de la pesquisa será reconstruir la ruta del dinero y determinar qué ocurrió con los recursos que permanecieron en el fideicomiso mientras distintas obras viales fueron denunciadas como paralizadas.
La causa tramita en el Juzgado Federal N° 11, subrogado por Lijo, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
Más de $1,5 billones bajo investigación
La investigación se inició a partir de denuncias vinculadas con el manejo de los recursos del fideicomiso. Una investigación periodística señaló que durante la gestión de Javier Milei se habrían recaudado más de $1,5 billones en el SisVial, mientras que una parte significativa no habría sido destinada a obras.
Según esa información, más de $1 billón permanecía a fines de mayo colocado en instrumentos financieros, entre ellos plazos fijos y títulos públicos.
El punto central que deberá determinar la Justicia es si la utilización de esos recursos se ajustó al destino establecido por las normas que crearon el fideicomiso.
Los decretos 976/2001 y 1377/2001 establecen que los fondos deben utilizarse para financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. A su vez, la Ley 23.966 establece el esquema de asignación de recursos provenientes del impuesto a los combustibles.
Qué obras están bajo la lupa
Entre las medidas ordenadas por Lijo se encuentra la reconstrucción de la situación de tres obras de Vialidad Nacional en la provincia de Buenos Aires que, según las denuncias incorporadas al expediente, se encuentran paralizadas.
Se trata de:
- Autopista Mercedes – inicio Variante Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, con un presupuesto de referencia original de $9.240 millones.
- Autopista fin Variante San Miguel del Monte – acceso Gorchs, sobre la Ruta Nacional 3, con un monto de referencia de $10.309,2 millones.
- Travesía Urbana de Mercedes, sobre la Ruta Nacional 5, con un monto original de $3.531,6 millones.
En conjunto, las tres obras representan una inversión de referencia superior a $23.000 millones.
Tolosa Paz también vinculó estos proyectos con un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$100 millones.
En La Rioja, en tanto, la presentación de Quintela apunta al estado de las obras en las rutas nacionales 73, 75 y 76, incluida la zona de Pircas Negras, además de la licitación denominada “Malla 304”.
Lijo pidió información al Ministerio de Economía y a Vialidad
Para determinar qué ocurrió con los fondos, el magistrado ordenó al Ministerio de Economía entregar los expedientes y actos administrativos relacionados con las instrucciones impartidas al Banco Nación, que actúa como fiduciario del SisVial, desde el 1° de enero de 2024 hasta la actualidad.
También deberá informar sobre:
- las colocaciones financieras realizadas con fondos del SisVial;
- la aplicación de recursos por provincia y por obra;
- la ejecución presupuestaria de las obras bonaerenses;
- y las fuentes de financiamiento utilizadas.
A Vialidad Nacional le requirió los expedientes correspondientes a las tres obras bonaerenses, incluidos los certificados de avance emitidos, aprobados y pendientes de pago, además de las modificaciones realizadas sobre los planes de trabajo.
Para La Rioja, el organismo deberá presentar información sobre contratos, contratistas, avances físicos y financieros y los actos administrativos que determinaron la neutralización o paralización de las obras.
También deberá explicar qué ocurrió con el convenio de Transferencia de Funciones Operativas de la Ruta Nacional 76, por qué no fue renovado y cuál es la situación de las tareas de mantenimiento realizadas por la provincia.
La causa también apunta al control del fideicomiso
El juez extendió los pedidos de información a otros organismos del Estado.
La Jefatura de Gabinete deberá aportar antecedentes administrativos relacionados con las obras viales mencionadas en el Informe de Gestión N° 145 presentado ante el Congreso.
Además, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) deberán informar si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones de control sobre el fideicomiso y la cuenta especial SisVial desde 2024.
El objetivo de estas medidas será determinar no sólo cómo se utilizaron los recursos, sino también qué controles existieron sobre su administración.
Tolosa Paz y Quintela se suman formalmente a la investigación
La aceptación de Tolosa Paz y Quintela como querellantes les permitirá intervenir activamente en el expediente, aportar pruebas y solicitar nuevas medidas.
Lijo adoptó un criterio amplio sobre la legitimación de los denunciantes y consideró que, en esta etapa inicial, no es necesario acreditar de manera definitiva la condición de damnificado directo. Alcanza con la existencia de una hipótesis de perjuicio real y concreto vinculada con los hechos investigados.
Tolosa Paz había denunciado el supuesto desvío de recursos del fideicomiso hacia inversiones financieras mientras se paralizaban obras viales en la provincia de Buenos Aires.
Quintela, por su parte, planteó el perjuicio que la interrupción de obras y tareas de mantenimiento genera sobre la infraestructura vial de La Rioja.
A la querella riojana se incorporaron además el fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal adjunto Gustavo Roque Ibarra.
Una nueva denuncia amplió el frente de investigación
En paralelo, el abogado Nicolás Oszust amplió la denuncia penal contra el ministro de Economía y funcionarios del Banco Nación vinculados con la administración del fideicomiso.
El escrito sostiene que los fondos habrían sido subejecutados de manera sistemática y destinados a instrumentos financieros en lugar de aplicarse a infraestructura vial.
Además, planteó una hipótesis que ahora deberá ser evaluada por la Justicia: un supuesto uso discrecional de fondos durante 2025 y posibles coincidencias temporales entre la liberación de partidas para provincias y votaciones relevantes en el Congreso.
Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa de recolección de información. Las respuestas de Economía, Vialidad, Banco Nación y los organismos de control serán determinantes para establecer qué fondos ingresaron al SisVial, cómo fueron administrados, cuánto se ejecutó en obras y por qué determinados proyectos quedaron paralizados.
