El juez federal Ernesto Kreplak dio curso a una demanda presentada por Victoria Tolosa Paz contra Economía, Vialidad y el Banco Nación. El planteo cuestiona el destino de los fondos del fideicomiso SIT y reclama que se retomen las obras y tareas de mantenimiento de la red vial bonaerense.
La Justicia federal de La Plata habilitó el trámite de un amparo colectivo que reclama al Estado nacional la reactivación de las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT.
La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata, quien ordenó notificar a los organismos demandados y requirió informes urgentes para avanzar con el expediente.
La causa, identificada con el número 35671/2026, fue iniciada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina.
El objetivo de la presentación es que los organismos adopten de manera coordinada las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones contractuales vinculadas con la infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.
Un amparo que alcanza a toda la red vial
El planteo judicial no se concentra en una ruta o una obra determinada. El reclamo alcanza al conjunto de la red vial nacional en la provincia de Buenos Aires.
Por ese motivo, la acción busca proteger a los usuarios efectivos y potenciales de esas vías y fue planteada bajo la figura del amparo colectivo.
Como primera medida procesal, Kreplak ordenó inscribir el expediente en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como establece la Acordada 12/2016.
La consulta realizada previamente no detectó otro proceso de características similares, por lo que el magistrado habilitó la continuidad del trámite.
El juez pidió informes urgentes al Gobierno
Además de dar curso al amparo, Kreplak solicitó información a los tres organismos demandados.
El Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad deberán presentar en un plazo de tres días el informe previsto por la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en procesos donde interviene el Estado.
El mismo requerimiento fue extendido al Banco Nación.
Los tres organismos tendrán además diez días para responder el informe previsto por la ley 16.986, que establece el procedimiento correspondiente a las acciones de amparo.
La causa quedó radicada en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata y ahora se encuentra a la espera de las respuestas oficiales.
El reclamo por los fondos del fideicomiso SIT
El eje de la presentación está puesto en el manejo de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), que se financia a través del impuesto a los combustibles líquidos.
Según sostuvo Tolosa Paz, tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido destinados a instrumentos financieros, en lugar de aplicarse al mantenimiento y construcción de rutas.
La diputada estimó en $1,5 billones los recursos que, de acuerdo con su denuncia, deberían haberse destinado a infraestructura vial en la provincia.
“El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera”, afirmó la legisladora en sus redes sociales.
Tolosa Paz también acompañó el amparo con una denuncia contra los funcionarios que considera responsables de la administración de esos recursos.
“Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero”, sostuvo, y reclamó que los fondos sean destinados a infraestructura, producción y empleo.
Qué deberá resolver ahora la Justicia
Por el momento, el fallo de Kreplak habilita el trámite del amparo y ordena avanzar con la etapa informativa, pero todavía no implica una orden definitiva de ejecución de obras.
El próximo paso será recibir las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos establecidos por el juez.
A partir de esa información, la Justicia deberá avanzar sobre el planteo de fondo: determinar si existió un incumplimiento respecto del destino de los recursos y de las obligaciones vinculadas con el mantenimiento y la infraestructura vial bonaerense.
Mientras tanto, el expediente quedó formalmente abierto y con alcance colectivo sobre los usuarios de la red vial nacional en la provincia.
