La expresidenta presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde sostiene que el proceso judicial vulneró garantías fundamentales y tuvo como objetivo impedir su participación electoral. Además, solicitó medidas cautelares para suspender la inhabilitación perpetua y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria.
Cristina Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y reclamar la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación fue realizada mediante una comunicación individual en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, luego de que la defensa considerara agotadas todas las instancias judiciales disponibles en la Argentina.
En el escrito, la expresidenta sostiene que el proceso judicial tuvo como finalidad impedir su participación en futuras elecciones y afirma que la condena constituye una restricción ilegítima de sus derechos políticos.
La defensa denunció una persecución política
La presentación sostiene que el juicio por la causa Vialidad vulneró múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre los principales argumentos, la defensa afirma que Cristina Kirchner fue responsabilizada por actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente y cuestiona que la sentencia se apoyara, entre otros elementos, en la firma del Decreto 54/2009, una norma que continúa vigente.
Asimismo, sostiene que durante el proceso se limitaron las posibilidades de ejercer una defensa adecuada y que la condena tuvo un objetivo político: impedir una eventual candidatura de la exmandataria.
Cuestionamientos a los tribunales que intervinieron en la causa
Otro de los ejes centrales de la denuncia apunta contra el funcionamiento del sistema judicial durante la investigación y el juicio.
Según la presentación, la causa fue asignada mediante mecanismos irregulares de “forum shopping”, los magistrados que intervinieron no fueron los jueces naturales y existieron vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores que comprometieron la imparcialidad del proceso.
La defensa también sostiene que desde el inicio existió una presunción de culpabilidad y afirma que incluso el actual presidente Javier Milei presentó públicamente la condena como una decisión impulsada por él.
Críticas al desarrollo del juicio y a la revisión de la condena
El documento también cuestiona distintos aspectos del proceso judicial.
Entre ellos, menciona la incorporación de pruebas provenientes de otras causas sin posibilidad efectiva de contradicción por parte de la defensa, un supuesto acceso privilegiado de la acusación a documentación que no estuvo disponible para los abogados de la expresidenta y restricciones al ejercicio pleno del derecho de defensa.
Respecto de las instancias de revisión, sostiene que la Cámara Federal de Casación Penal no analizó de manera efectiva los agravios planteados y que, en la práctica, nunca existió una revisión integral de la sentencia.
Además, invoca una violación del principio ne bis in idem, al señalar que 49 de las 51 obras públicas analizadas en la causa ya habían sido investigadas previamente y habían concluido con archivos o sobreseimientos.
La presentación también cuestiona a la Corte Suprema
La denuncia dedica un apartado al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
La defensa sostiene que la actual integración de tres jueces impide garantizar un recurso judicial efectivo y cuestiona que uno de los magistrados recusados haya intervenido en la resolución sobre su propia recusación.
Según el escrito, la decisión de la Corte Suprema de junio de 2025 agotó definitivamente las vías judiciales internas, habilitando la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Qué medidas pidió Cristina Kirchner
Además del análisis del caso, la defensa solicitó al organismo internacional la adopción de medidas cautelares.
El principal pedido consiste en suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras el Comité analiza la denuncia, al considerar que esa sanción se apoya en una condena presuntamente arbitraria y restringe de manera indebida los derechos políticos de la expresidenta.
También solicitó que se inste al Estado argentino a restablecer la integración legal de la Corte Suprema, al entender que su composición actual afecta el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.
En paralelo, la presentación reclama modificaciones en las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. Entre ellas, pide retirar la tobillera electrónica, eliminar las restricciones de visitas, garantizar el acceso al aire libre, asegurar un trato equivalente al de otras personas que cumplen arresto domiciliario y evitar que las autoridades la responsabilicen por las manifestaciones que terceros realizan frente a su domicilio.
Con esta presentación, la defensa busca que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas evalúe si el Estado argentino incumplió las obligaciones asumidas en materia de derechos civiles y políticos durante el proceso que culminó con la condena de la expresidenta en la causa Vialidad.
