El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno trabaja en un proyecto para incorporar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, similar al que funciona en Estados Unidos cuando se agotan las partidas presupuestarias. La iniciativa busca impedir que el Estado continúe ejecutando gastos una vez agotado el presupuesto autorizado, como parte de una reforma más amplia orientada a reforzar la disciplina fiscal.
El anuncio fue realizado durante una entrevista en la que el mandatario también se refirió a la futura reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y adelantó que el Ejecutivo pretende establecer nuevas restricciones para evitar el financiamiento monetario del déficit.
Milei busca limitar el gasto cuando se agote el presupuesto
“Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, sostuvo Milei al explicar una de las reformas institucionales que impulsa el Gobierno.
Según explicó, la propuesta apunta a que, una vez consumidas las partidas presupuestarias, el Estado no pueda seguir realizando gastos, salvo en aquellas actividades que eventualmente sean consideradas esenciales.
El Presidente vinculó esta iniciativa con el objetivo de fortalecer el equilibrio fiscal y limitar la capacidad del Poder Ejecutivo para incrementar el gasto público sin autorización presupuestaria.
La reforma del Banco Central
Durante la misma entrevista, Milei aseguró que el Gobierno ya cuenta con una versión unificada del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
El mandatario cuestionó el funcionamiento actual de la entidad y afirmó que la reforma buscará reforzar su independencia, además de prohibir expresamente el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria.
“Emitir podría ser penado. Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el jefe de Estado.
Incluso señaló que esa prohibición podría apoyarse en figuras ya previstas dentro del Código Penal.
Cómo funciona el shutdown en Estados Unidos
El modelo que Milei pretende tomar como referencia se aplica en Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto o una ley transitoria de financiamiento.
En esos casos, los organismos federales que no cuentan con fondos deben suspender sus actividades no esenciales, mientras continúan funcionando únicamente los servicios considerados críticos, como seguridad, defensa o control del tránsito aéreo.
Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump. La falta de acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre el financiamiento del muro fronterizo con México provocó un cierre parcial del gobierno federal durante 35 días.
La medida afectó a unos 800.000 empleados públicos y generó pérdidas económicas millonarias, además de demoras en numerosos servicios estatales.
Posteriormente, Estados Unidos volvió a atravesar nuevos cierres parciales, incluido otro episodio de 43 días registrado en 2025.
Qué cambiaría en Argentina
La implementación de un mecanismo similar requeriría modificaciones legales, ya que el sistema presupuestario argentino funciona de manera diferente.
Actualmente, si el Congreso no aprueba una nueva ley de Presupuesto antes del inicio del ejercicio fiscal, continúa vigente el presupuesto del año anterior con las adecuaciones correspondientes, lo que evita una paralización automática del Estado.
Por ese motivo, la propuesta que analiza el Gobierno no implicaría replicar exactamente el esquema estadounidense, sino establecer una regla que impida seguir comprometiendo o ejecutando gastos cuando una partida presupuestaria se agote, salvo en áreas exceptuadas o servicios esenciales.
Disciplina fiscal como eje de la estrategia oficial
La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia económica del Gobierno de Javier Milei, que mantiene como principal objetivo el equilibrio de las cuentas públicas y la reducción del gasto estatal.
La propuesta de incorporar un mecanismo de “shutdown” se suma a otras reformas institucionales impulsadas por el oficialismo, entre ellas la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la prohibición del financiamiento monetario del Tesoro y los cambios que el Ejecutivo busca introducir en distintas normas vinculadas con la administración del Estado.
