La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de Zona Fría, una iniciativa promovida por La Libertad Avanza que busca redefinir el esquema de subsidios al gas natural y limitar los beneficios incorporados por la Ley 27.637 sancionada en 2021.
La discusión llega al recinto en medio de una fuerte resistencia de gobernadores, intendentes y legisladores provinciales que denuncian un “tarifazo encubierto” a pocos días del inicio del invierno.
El oficialismo consiguió dictamen exprés en comisiones y buscará avanzar con la media sanción del proyecto, aunque enfrenta un escenario complejo tras las señales de rechazo de distintos bloques provinciales y sectores de la oposición.
Qué cambios propone el Gobierno para el régimen de Zona Fría
Según el texto enviado por el Poder Ejecutivo, el beneficio pleno del 50% en las tarifas de gas se mantendría únicamente para las zonas históricamente contempladas: la Patagonia, el departamento de Malargüe en Mendoza y la región de la Puna.
En cambio, para las provincias y localidades incorporadas por la ampliación de 2021 —entre ellas sectores de Córdoba, Mendoza, San Luis y Santa Fe— el subsidio dejaría de aplicarse de manera automática para todos los usuarios residenciales.
El nuevo esquema establece que sólo podrán acceder al beneficio los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Además, la bonificación dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas, lo que reduciría considerablemente el impacto del descuento.
Martín Llaryora encabezó la resistencia desde Córdoba
Uno de los gobernadores que salió con mayor dureza contra la iniciativa fue Martín Llaryora.
El mandatario cordobés encabezó este lunes una reunión con intendentes de 13 departamentos en el marco de la Mesa Provincia Municipio y calificó el proyecto como “un golpe directo al bolsillo de más de 600.000 familias cordobesas”.
Según cálculos del gobierno provincial, la modificación del régimen podría provocar subas de entre el 42% y el 100% en las facturas de gas.
“Va a perjudicar a casi dos millones de cordobeses”, advirtió Llaryora, quien además reclamó a los legisladores nacionales por Córdoba que rechacen la iniciativa impulsada por la Casa Rosada.
El gobernador también cuestionó la distribución de subsidios energéticos y acusó al Gobierno nacional de beneficiar al AMBA y al sur del país en detrimento del interior.
San Luis y Mendoza también salieron al cruce
En San Luis, la presidenta de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, Laura Giumelli, envió una carta a legisladores nacionales alertando sobre el impacto que tendría la eliminación del beneficio.
La funcionaria sostuvo que miles de hogares puntanos podrían enfrentar aumentos mensuales de entre $10.000 y $40.000 y advirtió sobre un posible crecimiento de la “pobreza energética”.
Además, cuestionó que el proyecto no contemple las distintas realidades climáticas y bioclimáticas del país.
En Mendoza, la preocupación también escaló en las últimas horas. El diputado nacional Martín Aveiro afirmó que cerca de 400.000 hogares podrían perder el beneficio si prospera la reforma impulsada por el Gobierno.
A su vez, la senadora provincial Flavia Manoni presentó un proyecto para pedirle al gobernador Alfredo Cornejo que realice gestiones ante la Nación para sostener la vigencia de la Ley 27.637.
“La intención del Gobierno nacional de retrotraer la Zona Fría al esquema previo a 2021 ignora las condiciones climáticas del resto de Mendoza”, advirtió la legisladora.
El oficialismo busca avanzar pese al rechazo opositor
La sesión de este miércoles fue convocada por La Libertad Avanza e incluirá además el tratamiento de la denominada “Ley Hojarasca” y distintos acuerdos internacionales.
Sin embargo, el antecedente legislativo de diciembre pasado genera preocupación en el oficialismo: en aquella oportunidad, la oposición consiguió bloquear un intento de recorte del régimen dentro del Presupuesto 2026.
Ahora, con el invierno próximo a comenzar y millones de usuarios potencialmente afectados, el debate promete convertirse en uno de los más sensibles del año parlamentario.
Mientras el Gobierno sostiene que busca “ordenar” el esquema de subsidios y focalizar la asistencia en sectores vulnerables, provincias y gobernadores advierten que el cambio implicará un fuerte aumento de tarifas para amplias capas de la clase media del interior del país.
