La disputa entre el Gobierno nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo tras el reciente fallo judicial vinculado a la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el oficialismo celebró la resolución como un triunfo político, rectores y gremios docentes aseguran que el pronunciamiento no valida los argumentos del Ejecutivo y denuncian que la administración de Javier Milei busca ganar tiempo mientras continúa el ajuste sobre las universidades.
“Para nosotros fue una sorpresa”, resumió Anselmo Torres, vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en referencia a la decisión judicial conocida antes de la Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo.
La discusión sobre el fallo judicial
El eje del debate pasa ahora por la interpretación jurídica del fallo y por si efectivamente suspende o no la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el CIN sostienen que, según el artículo 258 del Código Procesal Civil, únicamente una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría frenar la ejecución de las medidas dictadas en primera y segunda instancia.
Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano enfatizó en su comunicado que la Cámara concedió el “efecto suspensivo” solicitado por el Gobierno.
Para los rectores, el objetivo político detrás de esa interpretación es claro. “Buscan bajar los ánimos del sistema universitario”, planteó Torres.
Los jueces rechazaron parte de los argumentos oficiales
Aunque el Ejecutivo presentó el fallo como una validación de su postura, desde las universidades remarcan que la resolución judicial no acompañó varios de los argumentos centrales del Gobierno.
Según señalaron, los magistrados consideraron que la aplicación de la ley no implica una situación de “gravedad institucional” ni genera la “frustración de un derecho federal real y concreto”, uno de los principales planteos del Ejecutivo para justificar el incumplimiento de la norma.
Incluso, el tribunal cuestionó la acusación oficial de arbitrariedad contra las resoluciones previas.
Aun así, la Cámara terminó concediendo el recurso impulsado por el Gobierno nacional.
El deterioro presupuestario y salarial
Mientras continúa la disputa judicial, las universidades advierten sobre un agravamiento de la situación presupuestaria.
Según datos difundidos por el CEPA, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 33% en términos reales desde diciembre de 2023, mientras que las becas estudiantiles registraron una baja del 76%.
El impacto también alcanza a los salarios docentes. De acuerdo con cifras de CONADU, los trabajadores universitarios sufrieron una pérdida salarial del 34% entre la asunción de Milei y enero de 2026.
“Estamos cobrando la mitad de lo que deberíamos cobrar. Toda esa paciencia se agotó”, afirmó Clara Chevalier.
El Gobierno defiende el Presupuesto 2026
Desde el oficialismo sostienen que las transferencias realizadas cumplen con lo establecido en el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó en redes sociales que el Gobierno “cumple lo que el Congreso votó”.
Sin embargo, los rectores remarcan que el Presupuesto 2026 consolida el ajuste sobre el sistema universitario y no contempla los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario.
“El conjunto jurídico de un país no es un menú a la carta, donde alguien pueda decidir qué ley aplicar y cuál no”, cuestionó Torres durante una conferencia de prensa del CIN.
El Congreso, paralizado
En paralelo, la posibilidad de una salida legislativa aparece hoy prácticamente frenada.
En la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación permanece paralizada desde marzo y en el Senado el conflicto universitario todavía no ingresó en la agenda prioritaria.
Incluso dentro del oficialismo reconocen que la discusión parlamentaria se enfrió mientras el Gobierno apuesta a sostener la disputa en el plano judicial.
Marcha Federal y posibles denuncias
Frente a este escenario, gremios y rectores preparan nuevas medidas de presión tras la Marcha Federal Universitaria.
Desde CONADU plantean avanzar con movilizaciones que no sólo apunten al Poder Ejecutivo sino también a los tribunales.
Además, los representantes legales del CIN analizan impulsar denuncias penales por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra funcionarios nacionales, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra Sandra Pettovello.
Mientras tanto, las universidades concentran su expectativa en la movilización del 12 de mayo y en los tiempos de resolución de la Corte Suprema.
“El objetivo es que valga la voz del pueblo de la Nación para conmover las respuestas que hacen falta”, afirmó el presidente del CIN, Franco Bartolacci.
