Las denuncias por recortes, interrupciones de prestaciones y cambios en el esquema de pagos del PAMI comenzaron a multiplicarse en distintas provincias y ya impactan de lleno en el debate político y legislativo. Mientras el Gobierno sostiene que la atención está garantizada y que las transferencias se realizan según el Presupuesto aprobado, sectores de la oposición buscan impulsar una declaración de emergencia del sistema sanitario del organismo.
Los conflictos se registran en diferentes puntos del país. Hubo interrupciones de prestaciones en Marcos Juárez, denuncias de restricciones en Concordia, despidos en Rosario y cuestionamientos institucionales en Puerto Madryn. También se sumaron convocatorias de afiliados en Posadas.
El Gobierno defiende la política del organismo
El titular del PAMI, Esteban Leguizamo, aseguró que “la atención está garantizada” tanto en medicamentos como en prestaciones médicas.
La postura oficial coincide con el informe de gestión presentado semanas atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se detalló que las transferencias al organismo se realizan conforme a la normativa presupuestaria vigente.
El Presupuesto 2026 asignó al PAMI alrededor de $10,17 billones. Sin embargo, distintos estudios advierten que, en términos reales, esos fondos representan una caída respecto de años anteriores.
Según el Centro de Economía Política Argentina, el presupuesto muestra una reducción real del 3,8% frente a 2023. A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que durante el primer trimestre de 2026 las transferencias tuvieron una caída interanual real del 41,3%.
Impacto en medicamentos y clínicas
Las consecuencias comenzaron a reflejarse en diferentes prestaciones. En la provincia de Buenos Aires, autoridades sanitarias señalaron una caída del 28% en la distribución de medicamentos. También se registraron interrupciones en atenciones no urgentes en provincias como Neuquén, La Pampa y Chubut.
En paralelo, reaparecieron cuestionamientos sobre el manejo político de delegaciones del organismo. En Misiones, dirigentes libertarios que compiten electoralmente quedaron al frente de oficinas locales, mientras que en Río Negro se mencionó la intervención de referentes partidarios en designaciones internas.
El conflicto con los médicos de cabecera
Uno de los focos más sensibles del conflicto es la Resolución 1107/2026 del PAMI, oficializada en abril, que modificó el esquema de pagos a médicos de cabecera.
La normativa fijó un pago mensual de $2.100 por afiliado y eliminó incentivos vinculados a formación de posgrado y consultas de seguimiento.
Según gremios médicos, la medida implica una reducción de hasta el 52,5% de los ingresos profesionales. Los reclamos derivaron en protestas y medidas de fuerza durante abril.
Los profesionales exigen elevar el monto per cápita al menos hasta los $6.500 para sostener la atención.
El Congreso busca avanzar con una emergencia
Frente al agravamiento del conflicto, el bloque peronista en el Senado impulsa declarar la emergencia del PAMI por 12 meses.
La propuesta contempla partidas extraordinarias por $500 mil millones para regularizar deudas con prestadores, actualizar aranceles y reforzar las prestaciones. También plantea ajustes bimestrales atados a la inflación.
El reclamo comenzó a extenderse incluso entre sectores dialoguistas. Los senadores radicales Daniel Kroneberger y Mercedes Valenzuela, junto a Alejandra Vigo, presentaron pedidos de informes sobre la situación del organismo.
Las trabas legislativas
En la Cámara de Diputados también se acumulan pedidos de informes y reclamos opositores. Sin embargo, la discusión enfrenta obstáculos políticos concretos.
Las comisiones clave para tratar iniciativas vinculadas al PAMI —Salud Pública y Presupuesto— están presididas por legisladores de La Libertad Avanza y aún no habilitaron debates sobre el tema.
De hecho, la Comisión de Salud permanece sin actividad desde marzo. En el Senado ocurre algo similar: la comisión sanitaria concentra actualmente su agenda en la discusión sobre la reforma de la ley de Salud Mental.
En ese contexto, el conflicto por el funcionamiento del PAMI empieza a consolidarse como uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno y la oposición, con impacto directo sobre jubilados, profesionales de la salud y prestadores en todo el país.
