El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este lunes una reunión con dirigentes sindicales y autoridades laborales de distintas provincias para analizar el impacto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, recientemente reactivada por decisión judicial.
El encuentro se realizó en la Casa de Gobierno bonaerense junto al ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y tuvo como eje central evaluar la pérdida de competencias provinciales frente a la Ley 27.802.
Un frente sindical y federal
La reunión contó con la participación de representantes de las tres centrales sindicales, entre ellos Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Octavio Argüello (CGT) y Héctor Daer (FATSA).
También participaron dirigentes como Roberto Baradel y Oscar de Isasi, junto a funcionarios laborales de provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, La Rioja, Santiago del Estero y Formosa.
El objetivo fue construir una posición común frente a lo que consideran un avance del Gobierno nacional sobre atribuciones provinciales en materia laboral.
Críticas a la reforma y planteo de inconstitucionalidad
Durante el encuentro, Kicillof cuestionó con dureza la iniciativa oficial. “Hay un intento muy claro de suprimir las facultades de las provincias en materia de fiscalización y control laboral”, afirmó, al tiempo que calificó la situación como “inconstitucional”.
El mandatario sostuvo además que la reforma apunta a “degradar los derechos laborales” y aseguró que su gestión continuará garantizando la protección de los trabajadores en el territorio bonaerense.
Documento conjunto y puntos críticos
Como resultado de la reunión, los participantes analizaron 13 aspectos críticos de la ley y firmaron un documento conjunto en el que expresan su preocupación por posibles violaciones a la Constitución Nacional y a las constituciones provinciales.
El texto también reafirma la defensa de las competencias jurisdiccionales en materia de inspección laboral, uno de los puntos más cuestionados de la reforma.
Según explicó Godoy, el documento plantea que la norma “vulnera las atribuciones provinciales en materia de policía del trabajo” y limita la capacidad de los distritos para garantizar derechos.
Estrategia coordinada
Las centrales sindicales anticiparon que impulsarán acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de la reforma y frenar su aplicación.
En paralelo, buscarán profundizar la coordinación con gobiernos provinciales para sostener un frente común en defensa de los derechos laborales.
Kicillof, en ese sentido, remarcó la importancia de la articulación federal: “Frente a un Gobierno nacional centralista, estos espacios consolidan un polo de resistencia entre provincias”.
Un conflicto que escala
El encuentro marca un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y distintos actores políticos y sindicales por la reforma laboral.
Con cuestionamientos que combinan argumentos jurídicos y políticos, y con la posibilidad de nuevas presentaciones judiciales, el conflicto promete escalar tanto en tribunales como en el plano institucional.
En ese escenario, la coordinación entre provincias y sindicatos aparece como una de las principales herramientas de oposición frente a una de las reformas estructurales más relevantes del oficialismo.
