El gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley que introduce cambios profundos en el régimen de pensiones por discapacidad, en medio de cuestionamientos por el incumplimiento de la actual normativa y una creciente tensión política en torno al tema.
La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado de la Nación Argentina y plantea una reconfiguración del sistema, con mayores exigencias para acceder y mantener los beneficios.
Reempadronamiento obligatorio y nuevos controles
Uno de los puntos centrales del proyecto es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez.
De aprobarse, los beneficiarios deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este proceso, se prevé la suspensión automática del beneficio.
Además, el texto establece un esquema de fiscalización más estricto, con cruces de datos entre organismos como la Administración Nacional de la Seguridad Social, ARCA y el SINTyS, lo que habilitaría suspensiones preventivas ante inconsistencias detectadas.
Cambios en montos y condiciones
El proyecto fija el valor de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o zonas desfavorables.
También introduce una de las modificaciones más sensibles: la incompatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal. Esto implicaría que una persona con discapacidad no podría mantener el beneficio si accede a un trabajo registrado.
En la misma línea, se eliminan incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad, lo que genera preocupación en sectores vinculados a la inclusión laboral.
Reformulación del sistema
La iniciativa propone derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, lo que en la práctica implicaría retrotraer el esquema a un modelo previo, con criterios más restrictivos.
A diferencia de la normativa vigente —que amplió el universo de beneficiarios con una concepción más integral de la discapacidad— el nuevo proyecto vuelve a centrarse en la invalidez laboral como eje principal.
También introduce cambios en el financiamiento del sistema, habilitando acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desregula la fijación de aranceles para prestaciones, lo que podría fragmentar el esquema actual.
Estrategia política y debate en puerta
El envío del proyecto por el Senado responde a una estrategia del oficialismo para facilitar su tratamiento, en un contexto donde considera que tiene mayores posibilidades de reunir apoyos que en Diputados.
Sin embargo, la iniciativa podría generar tensiones incluso dentro de bloques aliados que en el pasado respaldaron la emergencia en discapacidad.
El debate también se da en paralelo a cuestionamientos judiciales por la falta de aplicación de la ley vigente y en medio de una crisis institucional tras la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Un cambio de paradigma
El proyecto no solo redefine requisitos y controles, sino que plantea un cambio de enfoque en la política pública: de un esquema orientado a la ampliación de derechos a uno centrado en la fiscalización y la restricción del acceso.
La discusión en el Congreso de la Nación Argentina promete ser intensa, con impacto directo sobre miles de beneficiarios y sobre el modelo de asistencia estatal en materia de discapacidad.
