El gobernador bonaerense Axel Kicillof se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para encabezar la segunda audiencia en el reclamo por los fondos previsionales que la Administración Nacional de la Seguridad Social adeuda a la provincia, una cifra que ya asciende a $2,2 billones.
La presencia del mandatario junto a su equipo económico y jurídico no es menor: en la Gobernación interpretan que el escenario judicial empieza a jugar a su favor y que la Corte podría convertirse en un actor clave para destrabar el conflicto con la Nación.
El origen del conflicto
La disputa se remonta a marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió por decreto las transferencias que ANSES debía girar mensualmente a las provincias con cajas jubilatorias no transferidas.
Desde entonces, Buenos Aires no recibió fondos por ese concepto y formalizó su demanda ante la Corte en abril, reclamando la restitución de recursos que considera establecidos por ley.
El mecanismo en discusión implica que Nación compense a la provincia por la diferencia entre los haberes jubilatorios provinciales y los que corresponderían bajo el sistema nacional.
Una primera audiencia favorable
La audiencia inicial, realizada el 17 de marzo, dejó señales positivas para la Provincia. El máximo tribunal rechazó como válida la excusa de ANSES sobre una supuesta falta de información y le otorgó un plazo de 30 días para verificar los datos.
Para el equipo bonaerense, ese movimiento trasladó la carga de la prueba a la Nación y debilitó su posición.
Además, tras ese encuentro, se produjo la salida del entonces titular del organismo previsional, Fernando Bearzi, un hecho que en La Plata no pasó desapercibido.
La disputa técnica y política
Durante el último mes, hubo intercambios técnicos entre ambas partes que, según fuentes provinciales, reforzaron su postura. Desde Buenos Aires sostienen que ANSES cuenta con toda la información necesaria y que la interrupción de los pagos responde a una decisión política.
En paralelo, cuestionan los acuerdos que el Gobierno nacional cerró con provincias como Córdoba, Entre Ríos o Santa Fe, donde se habilitaron pagos parciales tras auditorías rápidas.
Para la administración bonaerense, ese “desbloqueo selectivo” demuestra que los fondos existen —incluso contemplados en el Presupuesto 2026— pero que su distribución responde a criterios políticos.
Ocho frentes abiertos con Nación
El reclamo previsional es el más avanzado de las ocho demandas que la provincia mantiene contra el Estado nacional. Según el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda total asciende a $15,6 billones.
A eso se suma un impacto estimado en $22,2 billones desde la asunción de Milei, considerando recortes de fondos, paralización de obra pública y caída de la recaudación.
Entre los conflictos se incluyen partidas para seguridad, transporte, educación (FONID), bosques nativos y disputas impositivas, además de un reclamo reciente por el incumplimiento del Consenso Fiscal.
Qué puede pasar
En la previa de la audiencia, en La Plata mantienen una expectativa moderada pero optimista. Confían en que la Corte insista en que Nación presente una propuesta concreta o incluso avance con una medida cautelar que obligue a retomar transferencias mínimas.
El proceso, sin embargo, tiene tiempos propios: tras definir su competencia, el tribunal puede dar traslado a la demanda y habilitar nuevas instancias antes de una resolución de fondo.
La carta política de la Corte
Más allá del expediente, en el entorno de Axel Kicillof subrayan un punto clave: el componente político del conflicto.
Sin canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada, la estrategia bonaerense apunta a que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que fuerce una negociación entre las partes.
En ese equilibrio entre lo judicial y lo político se juega no solo el destino de los $2,2 billones en disputa, sino también el vínculo fiscal entre Nación y la provincia más grande del país.
