El Gobierno nacional decidió escalar el conflicto judicial por la reforma laboral y presentó un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que intervenga de forma directa y deje sin efecto la suspensión de artículos clave de la normativa.
La ofensiva fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que actúa en representación de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
El fallo que frenó la ley
El planteo apunta contra la resolución del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, que el 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
La medida cautelar fue dictada tras una presentación de la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de la reforma y advirtió que vulnera derechos laborales fundamentales.
Los argumentos del Ejecutivo
En su presentación, el Gobierno solicitó que la Corte declare admisible el recurso, suspenda los efectos de la cautelar y resuelva el caso de fondo de manera definitiva.
Entre los principales argumentos, la Procuración sostuvo que:
- El juez que dictó la medida sería incompetente para intervenir en el caso.
- No existe un “caso judicial” concreto que justifique la cautelar.
- La CGT carece de legitimación para representar al conjunto de los trabajadores.
Además, el organismo remarcó que se trata de una cuestión de competencia federal, ya que el Estado Nacional es parte y la resolución tiene impacto en todo el país.
Disputa de competencia y tensión institucional
El conflicto judicial también incluye una disputa entre fueros. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 aceptó intervenir el 10 de abril y solicitó el expediente, aunque todavía no resolvió sobre la suspensión vigente.
En ese contexto, la Procuración calificó la situación como de “gravedad institucional” al advertir que un tribunal inferior suspendió una ley nacional con efectos generales.
El escrito también cuestiona que la cautelar tenga alcance erga omnes, es decir, que afecte a toda la sociedad, algo que —según el Gobierno— excede las facultades de un juez de primera instancia.
Impacto y advertencias
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida judicial genera un “perjuicio irreparable” al introducir incertidumbre sobre la vigencia de la ley y afectar la seguridad jurídica.
Además, alertaron que, de consolidarse este criterio, podría habilitar que otros jueces frenen leyes nacionales, con impacto directo en el funcionamiento del sistema normativo.
Definición en manos del máximo tribunal
Con este movimiento, el Gobierno busca acelerar una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permita restituir la vigencia de la reforma laboral mientras se discute el fondo del caso.
La decisión del tribunal no solo será clave para el futuro de la ley, sino que también marcará un precedente sobre los límites de las medidas cautelares y el equilibrio entre los poderes del Estado.
