El Gobierno busca recuperar la iniciativa política en el Congreso y reforzar su vínculo con los gobernadores en medio de la crisis fiscal que atraviesan las provincias, con el objetivo de desplazar del centro de la escena las controversias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En la Casa Rosada apuestan a que la reactivación legislativa y una batería de acuerdos con mandatarios provinciales permitan instalar una agenda propositiva y volver a dominar el debate público.
El Congreso como motor para cambiar la agenda
La estrategia oficial contempla avanzar la próxima semana en la Ley de Glaciares y en el denominado proyecto Hojarasca, dos iniciativas que el oficialismo considera clave para marcar el ritmo político.
La reforma vinculada a los glaciares genera una fuerte controversia, especialmente por el nivel de participación ciudadana: más de 100.000 personas se inscribieron para exponer en las audiencias previas, reflejando el alto impacto social y ambiental del debate.
Pese a las resistencias, en el oficialismo confían en reunir los votos necesarios en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, apoyados en el respaldo de gobernadores de provincias mineras y bloques aliados.
Gobernadores, pieza clave del esquema político
La relación con los mandatarios provinciales aparece como un factor decisivo. Sin ese respaldo, el Gobierno reconoce que le resultaría inviable avanzar con reformas estructurales.
En ese marco, el presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza un adelanto de hasta $400.000 millones en fondos de coparticipación para 12 provincias, en una jugada que combina alivio financiero con construcción política.
El esquema incluye tanto distritos alineados —como Mendoza, Salta o Tucumán— como otros con posiciones más críticas, entre ellos La Rioja y Tierra del Fuego.
Las negociaciones detrás de estos acuerdos son atribuidas al ministro del Interior, Diego Santilli, y al titular de Economía, Luis Caputo, quienes articulan el frente político y fiscal.
Crisis fiscal y presión sobre las provincias
La decisión de adelantar fondos responde a un contexto crítico: la caída de la recaudación y de las transferencias automáticas profundizó el deterioro de las cuentas provinciales.
Durante marzo, las transferencias registraron una baja significativa, acumulando en el primer trimestre una pérdida superior al billón de pesos en términos reales. Este escenario dejó a las provincias con fuertes tensiones en sus finanzas, paritarias en conflicto y escaso margen de maniobra.
El mecanismo de adelanto busca evitar que las administraciones locales recurran a endeudamiento externo, donde las tasas duplican o triplican el costo financiero interno.
Un equilibrio frágil
En el oficialismo admiten que la situación es delicada tanto para Nación como para las provincias. “Las vacas flacas son para todos”, sintetizan cerca del Gobierno.
En ese contexto, incluso mandatarios alejados del oficialismo comenzaron a flexibilizar posiciones. Casos como el del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, que evalúa adherir al RIGI, o el de Ricardo Quintela, que mantiene canales de diálogo abiertos, reflejan el nuevo escenario.
La estrategia del Gobierno combina así gestión legislativa, asistencia financiera y negociación política para recuperar centralidad, en un momento donde la estabilidad interna y la construcción de poder dependen cada vez más del delicado equilibrio con las provincias.
